El Gobierno analiza la aplicación de nuevas sanciones contra la Superliga, mientras espera por una resolución de la Cámara en lo Civil respecto a la veeduría que se realizó en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el vencimiento del plazo para responder los requerimientos.

La entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia tiene una apelación en trámite, lo que posterga la posibilidad de emitir sanciones hasta obtener un pronunciamiento del tribunal correspondiente. 

El recurso concedido por la Cámara Civil exige una pausa en la aplicación de sanciones adicionales o nuevos apercibimientos contra la AFA. Por el contrario, la situación jurídica de la Superliga presenta un escenario diferente. 

Según la Inspección General de Justicia (IGJ), la institución únicamente presentó una manifestación de disconformidad contra la designación de los veedores, un planteamiento que ya fue desestimado formalmente por el órgano de control. 

La estrategia de Casa Rosada consiste en dar continuidad a los canales administrativos vigentes sin acelerar un conflicto judicial inmediato. "La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores", precisaron fuentes oficiales sobre los pasos programados para los próximos días. 

Los artículos de la Ley 22.315 facultan a la IGJ a controlar el funcionamiento, los procesos de disolución y la liquidación de estas entidades, así como a investigar denuncias. Asimismo, el marco normativo habilita a la inspección a asistir a las asambleas de las asociaciones, convocar a reuniones extraordinarias bajo supuestos preestablecidos y solicitar medidas de mayor rigurosidad en caso de constatar irregularidades en los funcionamientos internos. 

Dentro del procedimiento que se lleva adelante sobre la Superliga, el paso inmediato bajo consideración es la emisión de una nueva intimación formal. Este recurso legal exigirá la entrega de la documentación requerida por los veedores o, en su defecto, la facilitación del acceso a sus dependencias. 

AFA y Superliga: evalúan sanciones millonarias

De acuerdo con la legislación actual, la IGJ se encuentra facultada para penalizar a administradores, fundaciones y asociaciones que omitan proveer la información obligatoria. Las causales de sanción incluyen el suministro de datos falsificados, la infracción de estatutos y la obstaculización de las tareas de inspección. 

El régimen de penalidades contempla de forma escalonada el apercibimiento simple, el apercibimiento con publicación obligatoria a costa de la entidad infractora y la aplicación de sanciones económicas directas basadas en la normativa vigente. 

Tras la actualización dispuesta mediante el Decreto 609/2024, el valor máximo de la multa quedó establecido en $8.000.000. La determinación del monto final depende de la gravedad del incumplimiento, la reincidencia de la organización y el volumen del patrimonio neto de la entidad afectada. 

En instancias de mayor gravedad institucional, la IGJ cuenta con potestades para declarar la irregularidad o la ineficacia de los actos administrativos que se encuentren bajo su fiscalización directa, dejando sin efecto las decisiones tomadas por las comisiones directivas. 

Ante escenarios de faltas graves recurrentes, el organismo regulador puede elevar un pedido formal al Ministerio de Justicia de la Nación para solicitar la intervención de la asociación civil investigada o, de ser necesario, el retiro definitivo de la autorización legal para funcionar. 

Por su parte, el Ministerio de Justicia realiza un seguimiento del conflicto para determinar si la Superliga optará por la vía de la judicialización o si mantendrá su postura exclusivamente en el plano administrativo.