La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había asignado la investigación sobre la mansión de Pilar, atribuida al dirigente futbolístico Pablo Toviggino, al juez federal de Campana, Adrián González Charvay. 

A través de esta resolución de la Sala I, el máximo tribunal penal federal de la Nación dispuso que sea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la encargada de resolver el conflicto de competencia. 

La causa judicial penal busca determinar la existencia de presuntas maniobras de lavado de dinero y utilización de testaferros en torno a una finca de Villa Rosa que cuenta con un helipuerto, varias viviendas, piscina y canchas deportivas.

La decisión judicial de remitir las actuaciones se adoptó por mayoría con los votos de los magistrados Ángela Ledesma y Javier Carbajo, quienes hicieron lugar al recurso que había sido presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Ambos jueces sostuvieron que correspondía la intervención de la alzada en lo penal económico para destrabar la disputa entre el juzgado de Campana y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, a cargo de Marcelo Aguinsky. 

En tanto la resolución no quede firme, el expediente continuará de forma provisoria bajo la órbita de González Charvay, aunque los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio deberán resolver el trámite "con la celeridad que el caso impone".

Posturas encontradas y riesgos de dilación

El juez Mariano Borinsky votó en disidencia durante el acuerdo, al considerar de carácter inadmisible el recurso de casación interpuesto.

Según su argumentación técnica, las definiciones sobre la competencia sectorial de los magistrados no constituyen sentencias definitivas y no se demostró un perjuicio directo sobre el principio del juez natural.

Asimismo, el magistrado disidente advirtió en su fundamentación escrita que la anulación de la resolución previa y el consecuente reenvío del expediente a otra Cámara de apelaciones podría acarrear mayores dilaciones procesales en la tramitación general.

De acuerdo con su postura, priorizar las nulidades de forma por encima de la continuidad de la instrucción del caso penal resultaba contraproducente frente a los principios de economía y celeridad judicial indispensables.

El origen de la denuncia contra los dirigentes

La causa judicial tuvo su inicio formal a raíz de una presentación efectuada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe, en la cual se expuso un presunto esquema de blanqueo de activos vinculado a la adquisición de inmuebles, vehículos y caballos árabes por parte de miembros de la AFA. 

El foco principal del expediente se concentra en la quinta de Pilar, comprada en mayo de 2024 por un monto declarado de US$ 1,8 millones, aunque una tasación oficial posterior incorporada a los autos determinó que el valor real de mercado ascendería a unos US$ 17 millones.

Los investigadores judiciales buscan precisar si la operación inmobiliaria se canalizó a través de supuestos testaferros del entorno de Pablo Toviggino, hombre de confianza del presidente de la entidad deportiva, Claudio "Chiqui" Tapia. 

Entre los titulares formales figuran Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, bajo la firma Real Central SRL. 

La instrucción de la causa sumó además registros de visitas donde figura Máximo Toviggino y la presunta utilización de una tarjeta corporativa institucional de la AFA por parte de los particulares para el financiamiento de diversos gastos personales.