La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza para el próximo jueves 7 de mayo. El gremio de estales convocó al paro tras el ajuste del 30% que aplicó el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La reducción del presupuesto quedó firme con la publicación de la Resolución 42/26 en el Boletín Oficial el pasado 16 de abril. Mediante esta normativa, las autoridades del organismo eliminaron más de 1.000 servicios bajo el argumento de una supuesta falta de "demanda real".

Desde el sindicato denuncian que el Gobierno nacional busca desarticular la entidad a pesar de su rol estratégico. Según la conducción gremial, el cese de actividades alcanza incluso a unidades que generan ingresos genuinos para el instituto a través del pago de aranceles por parte de empresas privadas. 

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, manifestó que la medida de fuerza es una respuesta a la amenaza de desvincular a 700 empleados: "Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar". 

La preocupación gremial también se enfoca en las consecuencias que este recorte podría tener sobre la seguridad sanitaria de la sociedad. "No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población", remarcó Aguiar durante el anuncio del paro.

El secretario general rechazó la justificación oficial sobre la supuesta inviabilidad económica del organismo. "El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No sólo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario", afirmó.

Entre las prestaciones que dejarán de brindarse se encuentran tareas críticas de control de calidad y seguridad. La supresión afecta a ensayos microbiológicos para la detección de patógenos como Salmonella, Escherichia coli y Listeria en alimentos, así como el control de contaminantes químicos y análisis de potabilidad del agua. 

Asimismo, el ajuste alcanza al área de metrología, encargada de la calibración de instrumentos de precisión, y a los ensayos de materiales para la industria de la construcción. 

También se verán interrumpidos los controles de combustibles y las pruebas de seguridad para componentes de transporte, tales como ascensores y sistemas automotrices. 

Aguiar hizo especial hincapié en la pérdida de capital humano especializado que implican estas medidas. "No vamos a aceptar que se pierda personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria en cuya formación invertimos todas las argentinas y los argentinos", sentenció el titular del gremio. 

El clima de preocupación en la sede central del instituto se intensificó la semana pasada con la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional. El despliegue de las fuerzas de seguridad coincidió con una jornada en la que el actual titular del INTI, Miguel Romeo, debió retirarse del edificio escoltado por el personal uniformado. 

Ante esta situación, la organización sindical denunció lo que califican como una "militarización" del ámbito laboral. "Alertamos sobre la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar", advirtió Aguiar.

Tras el paro, el gremio convocó a una asamblea para el martes 12 de mayo en las instalaciones del instituto con el objetivo de organizar cómo continuarán las protestas en caso de no obtener una respuesta sobre los reclamos.