La Justicia federal investiga las refacciones integrales realizadas en el departamento de Caballito que el jefe de Gabinete Manuel Adorni adquirió junto a su esposa, Bettina Angeletti. Las obras se llevaron a cabo entre mayo y noviembre de 2025, mientras la propiedad todavía estaba a nombre de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que intervinieron como vendedoras en la operación.

Según documentación e imágenes a las que accedió LA NACION, las reformas fueron totales: cocina renovada con nuevos muebles, artefactos, mesada y cerramientos; dos baños completamente refaccionados; vestidor nuevo en el dormitorio principal; pisos interiores y exteriores reemplazados; y refacción del lavadero.

El inmueble es un 4 ambientes de 150 m² cubiertos ubicado en la calle Miro al 500, con cochera y patio. Las jubiladas lo compraron al exfutbolista Hugo Morales en US$ 200.000 - aproximadamente US$ 1.333 el m² cubierto - y lo revendieron a Adorni en US$ 230.000, es decir, a US$ 1.533 el m². Para los investigadores, la diferencia entre el precio de compra y el de reventa resulta llamativamente escasa en relación con la magnitud de las obras realizadas.

Morales declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que vendió el inmueble "apurado" y al mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás, reconociendo que la propiedad requería inversión: "Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar."

Este miércoles, las dos jubiladas declararon ante la fiscalía y señalaron al hijo de Viegas, Pablo Martín Feijoo, como el principal responsable y ejecutor de la operatoria. La Justicia ya contaba con una reserva a su nombre vinculada a la compra original del departamento.

El nombre de Feijoo también aparece en los registros de ingreso a Casa Rosada: entró el 22 de octubre de 2025, autorizado por el propio Adorni, semanas antes de que se concretara la venta al jefe de Gabinete. Feijoo, de 36 años, es socio y gerente de dos empresas vinculadas al rubro de la construcción y figura como monotributista categoría F, con ingresos brutos anuales declarados de hasta $38,6 millones.

La Justicia busca ahora determinar el monto real invertido en las reformas, dato que consideran clave para establecer la ganancia efectiva obtenida por las vendedoras y avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.