El Gobierno emitir谩 deuda por $580.000 millones para auxiliar al PAMI ante su "cr铆tica situaci贸n financiera"
Los fondos se destinar谩n a pagar deudas y garantizar la continuidad de las prestaciones.
El Gobierno nacional emitir谩 bonos de deuda por $580.270 millones para asistir financieramente al PAMI, en virtud de la "cr铆tica situaci贸n financiera" que atraviesa la obra social de los jubilados. La decisi贸n fue publicada en el Bolet铆n Oficial y qued贸 instrumentada mediante una resoluci贸n conjunta del Ministerio de Econom铆a que lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y su par de Hacienda, Carlos Guberman.
En los fundamentos de la norma, el Gobierno reconoci贸 las dificultades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y precis贸 que el aporte -calificado como "financiero reintegrable"- tiene como destino "atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo".
C贸mo se estructura la emisi贸n
La deuda se emitir谩 mediante la ampliaci贸n de las Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAP), dividida en tres tramos con vencimientos escalonados: $173.000 millones al 31 de julio, $164.000 millones al 31 de agosto y $187.000 millones al 30 de septiembre de 2026. Cada letra ser谩 entregada a su valor t茅cnico calculado al 18 de mayo de 2026. La resoluci贸n tambi茅n autoriza a la Oficina Nacional de Cr茅dito P煤blico a suscribir la documentaci贸n necesaria para implementar las operaciones.
La situaci贸n financiera del PAMI y sus incumplimientos con prestadores ya derivaron en acciones legales. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N掳 3 de C贸rdoba, dict贸 esta semana una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en un plazo de 72 horas.
La medida se enmarca en un amparo colectivo de alcance nacional que tendr谩 vigencia por seis meses o hasta que exista sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no perciben los pagos que les corresponden por parte del Estado, lo que provoca la interrupci贸n de terapias para ni帽os, adultos mayores y personas con discapacidad, y la discontinuidad en la entrega de medicamentos.
El fallo tom贸 como antecedente una sentencia previa del Juzgado Federal de Campana que, en diciembre pasado, declar贸 inv谩lido el art铆culo 2 del Decreto 681/2025 y orden贸 la aplicaci贸n plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad.