驴Incautada? Solicitan informes bancarios sobre los fondos de Florencia Kirchner
El Tribunal Oral Federal 2 agiliz贸 las solicitudes a las entidades bancarias para efectivizar la incautaci贸n de las cuentas, en el marco de la ejecuci贸n de la sentencia por la causa Vialidad.
La Justicia orden贸 y se encuentra a la espera de un informe bancario sobre las cuentas de Florencia Kirchner, en el marco del proceso de ejecuci贸n de sentencia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) aguarda el detalle de los fondos para proceder con el decomiso de cinco millones de d贸lares.
As铆 lo orden贸 el tribunal, conformado por los magistrados Rodrigo Gim茅nez Uriburu, Jorge Gorini y Andr茅s Basso, tiene a su cargo la recuperaci贸n de los fondos p煤blicos afectados por la administraci贸n fraudulenta en la obra p煤blica de la provincia de Santa Cruz.
Los abogados de la ex mandataria interpusieron un recurso de queja ante el m谩ximo tribunal para frenar la ejecuci贸n patrimonial.
La medida se inscribe dentro del proceso de ejecuci贸n de sentencia dictada contra la ex vicepresidenta, L谩zaro B谩ez, Jos茅 L贸pez y Nelson Periotti, entre otros exfuncionarios.
Tras la ratificaci贸n del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el TOF 2 activ贸 los mecanismos de recuperaci贸n de fondos. El monto total determinado por los peritos contables asciende a 685.000 millones de pesos, cifra calculada a partir de los sobreprecios y las irregularidades detectadas en las 51 licitaciones viales asignadas de manera direccionada al Grupo Austral.
La C谩mara de Casaci贸n rechaz贸 recientemente los planteos de la defensa y convalid贸 la orden de avanzar sobre una n贸mina inicial de 111 bienes identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Aunque los abogados de la ex mandataria interpusieron un recurso de queja ante el m谩ximo tribunal para frenar la ejecuci贸n patrimonial, fuentes de los tribunales de Comodoro Py aclararon que dicha presentaci贸n carece de efectos suspensivos sobre el tr谩mite en curso.
Dentro de las solicitudes judiciales se detalla la incautaci贸n de un total de 141 inmuebles, de los cuales 13 corresponden a firmas comerciales de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas al empresario L谩zaro B谩ez, adem谩s de un lote de 46 veh铆culos automotores.
En esta fase se incluyeron adem谩s los activos financieros atribuidos a la hija de la ex jefa de Estado. Las sumas bajo la lupa bancaria constan de 4.664.000 d贸lares localizados en una caja de seguridad y 992.134 d贸lares depositados en una caja de ahorro de una entidad bancaria privada, junto con un remanente en moneda nacional de 53.280,24 pesos.
Estos valores fueron inmovilizados en el expediente Hotesur, donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos y asociaci贸n il铆cita, debido a la ausencia de documentaci贸n que acreditara su origen leg铆timo.
El magistrado Gim茅nez Uriburu, encargado del control de la ejecuci贸n, estableci贸 que resultar谩n elegibles para el decomiso todos aquellos bienes muebles o inmuebles incorporados a los patrimonios de los imputados en el per铆odo comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Bajo esta premisa, la segunda etapa del proceso abarca al hotel Alto Calafate, una propiedad en la calle San Jos茅 1111 perteneciente a Los Sauces SA, y residencias ubicadas en R铆o Gallegos y El Calafate.
El fiscal Luciani fundament贸 la urgencia de las medidas al se帽alar que el perjuicio econ贸mico consisti贸 en "la defraudaci贸n colosal a la Administraci贸n p煤blica".
El letrado argument贸 que los condenados "registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupci贸n que cometieron durante 12 a帽os".
Asimismo, desde el Ministerio P煤blico Fiscal se enfatiz贸 la necesidad de aplicar de manera uniforme las normativas vigentes sobre la recuperaci贸n de activos de origen il铆cito. Seg煤n la presentaci贸n del fiscal, "para la sociedad argentina -cuyos intereses generales este Ministerio P煤blico Fiscal representa-, es fundamental que la Justicia exija el acatamiento estricto de la ley a todas las personas por igual. En otras palabras, para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos".
Por su parte, los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetave帽a y Mariano Borinsky respaldaron el criterio de ejecuci贸n inmediata del TOF 2. El tribunal remarc贸 en su resoluci贸n que carece de consistencia jur铆dica que el Estado dicte una sanci贸n de car谩cter penal y "permita, al mismo tiempo, que el delito contin煤e produciendo efectos econ贸micos".
Los magistrados explicaron en los fundamentos del fallo que, si bien el decomiso constituye una penalidad de tipo accesorio sobre el patrimonio, esta herramienta "forma parte de la reacci贸n estatal frente al delito y cumple la funci贸n institucional clave de reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos".
La resoluci贸n concluy贸 que el decomiso "no s贸lo busca recuperar activos, sino tambi茅n expresar de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra il铆cita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas econ贸micas obtenidas".