La Justicia volvi贸 a rechazar un pedido de recusaci贸n presentado por Toviggino contra el juez Amarante
La C谩mara Penal Econ贸mico desestim贸 el planteo promovido por el tesorero de la AFA al considerar que no existen evidencias de falta de imparcialidad en el proceso.
La C谩mara Penal Econ贸mico rechaz贸 una nueva solicitud de recusaci贸n interpuesta por la defensa del tesorero de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y ratific贸 la continuidad del juez federal Diego Amarante al frente de la investigaci贸n penal que salpica a las m谩ximas autoridades de la instituci贸n deportiva.
Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, es muy cercano a Claudio Tapia, presidente de la entidad.
Los magistrados de la C谩mara determinaron que los argumentos presentados por los abogados del dirigente no logran demostrar una "enemistad manifiesta" ni una p茅rdida de objetividad por parte del titular del juzgado.
El dictamen judicial subraya la total ausencia de pruebas s贸lidas que fundamenten una supuesta animosidad o persecuci贸n dirigida espec铆ficamente contra el imputado en el marco del proceso.
Para sostener su reclamo, la defensa de Toviggino hab铆a aportado una serie de publicaciones en medios de comunicaci贸n con informaci贸n sobre su entorno cercano, alegando que el magistrado formaba parte de una campa帽a en su contra. Sin embargo, el tribunal desestim贸 el valor legal de dichas notas period铆sticas y sepult贸 la estrategia de la dirigencia del f煤tbol local orientada a desplazar al juez del expediente.
El proceso penal en el fuero Penal Econ贸mico comenz贸 con una fuerte sacudida institucional antes de apuntar de forma directa hacia la figura de Toviggino. En las instancias iniciales de la causa, el juez Amarante dict贸 el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, junto a otros directivos de peso de la asociaci贸n.
A los altos mandos de la entidad se los investiga por la presunta retenci贸n indebida de aportes previsionales e impuestos correspondientes a los trabajadores del organismo. De acuerdo con las estimaciones de los peritos judiciales que constan en las actas del caso, el monto global de la supuesta maniobra delictiva supera los 19.300 millones de pesos.
Luego se le sum贸 una ampliaci贸n formal de la denuncia promovida por las autoridades de la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA). Los inspectores estatales detectaron el presunto uso de facturaci贸n ap贸crifa por una suma mayor a los 900 millones de pesos, mecanismo que habr铆a sido utilizado para consolidar la evasi贸n fiscal.