El coronavirus no lo salvó

Domiciliaria. le fue rechazada a miembro narco

L a Justicia rechazó darle arresto domiciliario a un detenido por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el marco de la investigación del llamado Clan Loza, quien al pedir ese beneficio ante el riesgo de contraer coronavirus, argumentó además que el delito que cometió no es "violento".

Se trata del empresario Willliam Weston Millones, quien fue detenido el 12 de diciembre de 2018 y está a la espera de ser sometido a un juicio oral por multimillonarias maniobras de lavado de dinero a través de la constitución de sociedades y compra de propiedades, según el fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3. La defensa del acusado sostuvo al pedir el beneficio por la pandemia de Covid-19, que el delito por el que irá a juicio, lavado de dinero, no es "violento", si bien prevé una pena máxima de 8 años de cárcel.

Al argumentar ante el tribunal, la defensa sostuvo que si bien el hecho "no permite una pena inferior a tres años", que contemplaría una futura ejecución en suspenso, "lo cierto es que no se trata de delitos violentos".

Weston Millones, de 45 años, no está en los grupos de riesgo ante la pandemia, pero argumentó que corre peligro de contagio por el "hacinamiento" en las cárceles que le impide "guardar la distancia mínima de protección", además de "problemas de alimentación y el déficit estructural de los centros de detención".

El acusado, de nacionalidad peruana, irá a juicio por presuntas maniobras para el lavado de activos que provendrían del tráfico de droga, agravado y como miembro de asociación ilícita.

Weston Millones está acusado de ser la mano derecha de José Loza, uno de los procesados como líderes del clan de narcotraficantes.

En la causa hay secuestrados 45 vehículos de alta gama y embargos por unos mil millones de pesos para cada acusado.

Weston figuraría como comprador en 2015 de una empresa apícola en la localidad bonaerense de Lobos, y además creó sociedades y empresas en Córdoba.

Los jueces del tribunal oral con sede en Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro, Karina Perilli y Luis Imas, rechazaron otorgarle el arresto domiciliario al entender que hay riesgos procesales.