Una polémica medida evalúa la  Justicia Federal de la ciudad de  Ushuaia, que fue presentada por dos asociaciones protectoras de animales para impedir la erradicación de conejos silvestres que pretende llevar a cabo un organismo científico dependiente del Conicet mediante la fumigación con gas fosfina.

Tanto la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) como la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf) propusieron la colocación de trampas, la castración de los ejemplares y su relocalización en otro predio, como alternativa a la matanza anunciada por las autoridades del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic).

La abogada que realizó la presentación, Griselda Engelhard, explicó a Cadena 3 que las jaulas se construirían por las propias ONGs y que la castración "sería como la de cualquier mamífero". "Es una propuesta de control poblacional ética", señaló.

El conflicto está planteado en el marco de un recurso de amparo presentado por Afada y Araf ante el Juzgado Federal de la capital de Tierra del Fuego, a cargo del juez Federico Calvete.

Explicación del CADIC

Según el Cadic, los conejos construyen madrigueras que ponen en riesgo los cimientos del edificio de la institución, ubicada en las inmediaciones de la bahía de Ushuaia, además de generar daños ambientales al ecosistema de la zona.

Las entidades protectoras replican que la erradicación amenaza a la “fauna silvestre y la diversidad biológica”, y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.

En ese contexto, las asociaciones presentaron como variable un plan de “control poblacional ético de los conejos”, consistente en la colocación de jaulas “especialmente diseñadas” para atrapar a los animales.

Después, un veterinario se encargaría del procedimiento quirúrgico de castración de “los ejemplares machos y hembras”, y los conejos se llevarían hasta “un predio donde se alojarán definitivamente”, indica la propuesta.

Plan de las organizaciones

En tanto, las organizaciones ofrecieron “hacerse cargo de financiarlo” si el organismo estatal manifiesta no contar con los fondos suficientes.

La propuesta llegó a manos del juez Calvete que decidió correrle traslado a la institución científica “por el lapso de tres días”.

Por otra parte, el magistrado dispuso notificar a las partes en conflicto que “podría abrirse una instancia conciliatoria, a fin de aunar criterios respecto del conflicto planteado”, confirmaron fuentes judiciales.

Enunciado

El Cadic emitió un comunicado antes de la presentación del amparo judicial, donde expuso que los conejos “destruyen la vegetación, eliminando el hábitat de especies nativas y dejando expuesto el suelo a la erosión del viento y las lluvias”, a la vez que representan “un riesgo sanitario ante el contacto con animales domésticos o con las personas” y “para la seguridad de las aeronaves” ya que el lugar se encuentra próximo a un aeropuerto.

Respecto al método para contener la plaga, el organismo precisó que se utilizará “una fumigación pasiva y extracción manual”, a través de un procedimiento que “no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos”.

En cambio, las asociaciones sostienen que las pastillas de fosfuro de aluminio que se utilizarán para la fumigación, resultan “altamente tóxicas para cualquier ser vivo”, y están clasificadas “en categoría IA (extremadamente tóxicas) por la Organización Mundial de la Salud”.

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