Una jueza federal de San Pablo ordenó al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que entregue los resultados de las dos pruebas de coronavirus a las que fue sometido y en las que el mandatario supuestamente dio negativo, después de admitir la solicitud de un periódico.

La magistrada Ana Lúcia Petri desestimó los argumentos del Gobierno y ordenó la entrega de las pruebas en un plazo de 48 horas, con una pena de multa de 5.000 reales por cada día de retraso. En tanto, el diario "O Estado de Sao Paulo" sostuvo que hay un "interés público" en dichos documentos

Bolsonaro insistió esta semana en que dichos resultados fueron negativos, aunque en una entrevista radiofónica, no descartó haber pasado la enfermedad, según G1. "Tal vez y ni siquiera lo sentí", dijo el mandatario, que durante estas últimas semanas desoyó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el distanciamiento social.

Los muertos siguen aumentando en el país (Twitter).

Brasil, entretanto, es el país de América Latina más afectado por la pandemia, con más de 87.000 casos y unos 6.000 fallecidos, según el recuento de las autoridades de las distintas regiones. El estado de Río de Janeiro, uno de los más afectados, ha prorrogado las medidas de confinamiento hasta el 11 de mayo.

Situación del ex ministro Moro

Por otra parte, el juez decano del Supremo Tribunal de Brasil, Celso de Mello, dio un plazo de cinco días para que el ex ministro Sergio Moro declare ante la Policía Federal sobre las "presiones" que dijo haber recibido del presidente Bolsonaro, informó el propio tribunal.

Moro abandonó hace días el gobierno y denunció en conferencia de prensa que Bolsonaro presionaba para "interferir políticamente" en la Policía Federal, que investiga a dos de sus hijos.

De esta forma Moro justificó su dimisión, luego de que Bolsonaro cesara al hasta entonces director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, un hombre de la plena confianza del ex ministro.

Las declaraciones de Moro llevaron a la Fiscalía General a pedir al Supremo que autorice una investigación sobre el asunto, avalada por el magistrado Celso de Mello.

La investigación será conducida por la Fiscalía General, pero la Policía Federal actuará como brazo ejecutivo y será responsable por las pesquisas e interrogatorios necesarios, como en el caso de Moro.

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