Por Natalia Salvo

El Estado de Derecho se define por la intermediación de la ley para la resolución de conflictos y las garantías constitucionales fundamentales para su vigencia: debido proceso, principio de inocencia, juez natural e imparcial, entre otros.

Estos axiomas -al igual que principio republicano de división de poderes, son hitos fundamentales para su sostenimiento.- 

Idéntico grado de importancia tiene el derecho a la libertad de prensa no solo para quién la ejerce sino también en su faz receptiva -que comprende el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibir información veraz, (art. 14 Constitución Nacional, art. 19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19 Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 13 y 14 Convención Americana de Derechos Humanos, art. IV Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).-

La división de poderes, el principio de inocencia y el derecho a tener un proceso justo, así como la libertad de prensa en el aspecto receptivo, son vulnerados ante el fenómeno del lawfare o guerra jurídica.-

Hace medio siglo atrás las democracias latinoamericanas fueron ultrajadas a través de gobiernos de facto y la ruptura del orden constitucional por parte de las fuerzas armadas, con el objetivo de suprimir y desaparecer a opositores políticos e implantar un modelo económico que necesariamente aniquilaba derechos sociales de mayorías.

En la actualidad, con el consenso democrático alcanzado por la maduración de la sociedad y el repudio absoluto a los crímenes de lesa humanidad que conllevó la dictadura cívico militar, se pretende el mismo fin de supresión y persecución pero a través de “golpes blandos” que generan un grave deterioro institucional haciendo peligrar el Estado de Derecho y las garantías constitucionales en las que éste se basa.

La guerra jurídica o lawfare es un término que describe un fenómeno presente en los últimos años, que pasó del anonimato extremo a ocupar la primera plana de los diarios y redes sociales. Esta centralidad se encuentra en el fin persecutorio para el que sirve esta ingeniería.

Existen patrones conductuales y rasgos comunes del lawfare en las distintas latitudes de América Latina, que se observaron en Brasil con Dilma Rousseff y Lula Da Silva, en Ecuador con Rafael Correa y en Argentina con Cristina Fernandez de Kirchner, y son los siguientes:

  • Servicios de inteligencia estatal y paraestatal abocados a la realización de espionaje ilegal;

  • Medios masivos de comunicación propagadores en medios gráficos, radiales y televisivos de esa información derivada del espionaje ilegal;

  • Legislados o referentes políticos al servicio de la iniciación de acciones judiciales con basamento en las noticias propagadas por los medios masivos de comunicación, resultante de la información obtenida de forma ilegal;

  • Jueces y Fiscales haciendo caso omisivo a los derechos y garantías constitucionales axiomáticos del Estado de Derecho, desconociendo el principio de inocencia, utilizando arbitrariamente instituciones legales como la prisión preventiva, y ajustando el proceso a los requerimientos del poder real, rector de los servicios de inteligencia y medios masivos de comunicación.

En esta articulación ilícita flexibiliza y quiebra la ley hasta pulverizar su contenido, degradando el Estado de Derecho.-

El éxito del lawfarre responde a la sinergia, entonces, entre servicios de inteligencia, medios masivos de comunicación, Poder Judicial y Poder Legislativo.

En síntesis, en el lawfare, el sistema de inteligencia a través de sus integrantes -o tercerizando tareas en agentes inorgánicos- se dedica a obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por su opinión política, religiosa o activismo social, tareas absolutamente prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional.

Además, a través de estas acciones ilícitas –también vedadas por la Ley de Inteligencia Nacional-, influyen en la vida institucional, política, económica y social del país a través de la degradación de la imagen pública de representantes políticos y sociales que incomodan al poder económico o real.-

El otro eslabón trascendental de la cadena está representado por los medios masivos de comunicación, ya que arman verdaderas campañas de difamación a través de la infamia como arma de destrucción de la imagen pública de referentes políticos y sociales. Esta profusión de información está totalmente divorciada de las constancias de la causa judicial (si acaso la hubiera) contra quien se pretende difamar y perseguir.

De este modo, los medios de comunicación producen una justicia mediática que revierte el principio de inocencia de raigambre constitucional (art 18 CN).

Asimismo, en esta sincronía, cobra un papel fundamental el Poder Judicial que –a través de la creación de falsas doctrinas contrarias a la ley como la llamada “Irurzun”-, lisa y llanamente vulnera el principio de inocencia o el debido proceso con pruebas adulteradas o simplemente ante la ausencia de estas.

El ejemplo por excelencia de esta práctica ilícita fue la “causa cuadernos” fundada e iniciada en fotocopias -de las cuales no se puede predicar autenticidad-, de cuadernos que llegaron a manos de un periodista (Diego Cabot) que trabaja para un medio masivo de comunicación que, a su vez, arrima a un Fiscal Federal (Stornelli, hoy procesado en el D’ Alessiogate por, entre otros delitos, violación a la Ley de Inteligencia Nacional) sin pasar por el sistema de sorteos de causas.

Es importante destacar que aquellos jueces y juezas que no cedieron al poder a fin de utilizar las causas judiciales como medios de presión resultaron perseguidos por el Poder Ejecutivo a través de su representante en el Consejo de la Magistratura de la Nación con pedidos de destitución.-

En definitiva, se utilizaban distintas reparticiones y organismos del Estado para difamar y perseguir a referentes políticos y sociales, siendo el lawfare un verdadero instrumento de opresión.-

Además de la utilización del aparato estatal al servicio del fin persecutorio, también se hizo lo propio con determinadas leyes. Un ejemplo cabal fue la Ley del imputado colaborador o del “arrepentido” sancionada en octubre de 2016 y que resultó una herramienta más de presión para que –frente a la amenaza inminente de aplicar forzada y arbitrariamente la prisión preventiva- los imputados se arrepintieran aportando información que desde el mismo Poder Judicial ofrecían y que era producto del espionaje ilegal.

Muchos de los “arrepentidos” de los cuadernos fueron previamente espiados, coaccionados y extorsionados para que testifiquen de acuerdo a la voluntad de los funcionarios.-

Es por ese motivo que en las causas de mayor trascendencia pública, los jueces y/o fiscales federales en materia penal incumplieron aspectos sustanciales de la ley del arrepentido, ya que no registraron las declaraciones por un medio técnico idóneo que garantice la evaluación posterior como exige la ley.

El Fiscal Stornelli –titular de la Fiscalía Federal N° 4, quien tiene a cargo la mediática causa “Cuadernos”-, omitió deliberadamente el registro fílmico de las declaraciones de los imputados colaboradores en el marco de la Ley del Arrepentido, impidiendo la ponderación de la declaración con otras pruebas de la causa.-

También el lawfare se materializó a través del Programa de Testigos Protegidos bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina –con asistencia de las fuerzas de seguridad a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación-, que tiene por finalidad garantizar la integridad física de los testigos e imputados colaboradores..  

Este programa fue usado como un método de premios y castigos para el armado de causas judiciales, forzar declaraciones no voluntarias con la extorsión de agentes paraestatales y de ese modo introducir en el sistema legal información obtenida a través del espionaje ilegal.-

Estas tareas de espionaje fueron realizadas a través de distintas dependencias y Ministerios utilizando base de datos públicas y registros cuyo dominio se encuentran puramente en manos de funcionarios y pueden ser consultados exclusivamente en caso de orden judicial.-

A fin de ejemplificar, se obtuvo información financiera y migratoria a través de la DNM (Dirección Nacional de Migraciones), UFI (Unidad de Información Financiera), AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), PGN (Procuración General de la Nación), Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, entre otras dependencias y fuerzas de seguridad.-

Otro de los organismos que sirvieron de base de sustentación a la persecución judicial y política fue la DAJUDEJO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), el único órgano del país autorizado a materializar las captaciones (escuchas) de comunicaciones que fueran requeridas por los magistrados judiciales y los del Ministerio Público Fiscal.-

La DAJUDECO, dependía del Ministerio Público Fiscal hasta que por decisión del gobierno de Mauricio Macri se transfirió su control a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. A partir de allí, se filtraron escuchas telefónicas efectuadas sin resolución judicial previa, utilizadas como pruebas para armar causas judiciales, como en la Causa Cuadernos.-

Este sistema estructural de intromisión en el poder judicial ameritó un pedido de informe por parte del Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García Sayán, tras la denuncia de tres organizaciones de derechos humanos, en el cual se reclama al Estado Argentino explicaciones sobre posibles hechos de violaciones a la independencia del Poder Judicial.-

También, el Consejo de la Magistratura de la Nación (órgano encargado de seleccionar y remover jueces, conforme art. 114 de la Constitución Nacional y Ley 24.937), fue utilizado para como órgano inquisidor ya que a través de denuncias se iniciaban procedimientos sancionatorios y de destitución a jueces y juezas que sentenciaban en contra de los intereses del gobierno anterior.

En definitiva, impedir que se vulnere el Estado de Derecho a través de la manipulación de la ley, la flexibilización hasta la destrucción de las garantías constitucionales y derechos elementales reconocidos por la legislación nacional pero también internacional, es una tarea necesaria y fundamental para reivindicar la función de la ley como mediadora de conflictos y no dar pasos a la concentración de poderes anclados en las clases dominantes que usufructúan las instituciones básicas de la república y la democracia con el fin de reproducir la desigualdad y la persecusión de aquellos y aquellas referentes que encarnan demandas sociales postergadas.

Reordenar esta situación no implica impunidad -como deliberadamente se intenta confundir, también desde las usinas de los medios masivos de comunicación-, sino reivindicar la independencia del Poder Judicial del poder político pero también económico, impidiendo la judicialización de la política y la politización de la justicia.

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