Algunos han llegado a bromear con el tema, pero verdaderamente es serio: las fiestas clandestinas se han vuelto un problema para el control de la expansión de Covid-19, en medio de una pandemia que atraviesa su segunda ola, con un promedio de 25 mil casos positivos por día. Con la expansión de la nueva modalidad de negocio, el Estado se ha visto obligado a trabajar en desbaratarlas, por estar fuera de las normativas sanitarias, destinando una cantidad de personal y recursos que se dejan de usar en otro tipo de ilícitos. ¿Hasta cuándo seguirá la fiesta?  

Aunque no hay datos oficiales – “el Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene estadísticas, porque las tareas se desarrollan en cada provincia”, explicó una fuente de la cartera a Crónica.com.ar-, e punta a punta del país, se estima que por fin de semana “las clandestinas” suman varios miles. Algunos ejemplos servirán para entender: en la Ciudad de Buenos Aires, se informó que solo en el mes de abril se desbarataron tres por fin de semana; mientras que en Mar del Plata la policía local informó 700 allanamientos.

Para entender el problema que representan estos eventos ilegales, muchas veces multitudinarios, habría que tener en cuenta que cuantas más personas reúnen, más personal policial requieren para ser desbaratados. “Cada vez que se recibe un llamado informando sobre el tema, primero se realiza tarea de inteligencia para corroborar la denuncia, pero si esto efectivamente se confirma hay que disponer de varios patrulleros, camiones para incautar el mobiliario -porque sino las vuelven a hacer-, ese personal y esos recursos dejan de estar para otras cosas que son muy importantes también en materia de seguridad”, analizó una fuente de seguridad porteña.

Capital nacional de las fiestas clandestinas 

Esta semana la Secretaría de Seguridad comunal dio a conocer que casi como un récord local, el pasado fin de semana se recibieron 18 denuncias anónimas a través de la línea de WhatsApp municipal. En este sentido, el coordinador de Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich comentó a este portal: “A partir de una ordenanza del Concejo Deliberante realizamos un trabajo muy fuerte con las fuerzas municipales y la Policía Bonaerense, donde en pocas semanas llegamos a desbaratar más de 700 fiestas ilegales”. El número es abultado, como las ganancias que genera el riesgo, ante la normativa que prohíbe las reuniones por necesidad y urgencia sanitaria.

Como a principios del Siglo XX, durante la Ley seca estadounidense, los microemprendedores han desarrollado estrategias para que “el ritmo no pare”. Por ejemplo en Córdoba, Gabriel Guzmán, un joven empresario reconoció públicamente ser organizador de fiestas clandestinas, una industria que mueve staff propio, logística y gestión. Ilícito pero organizado; porque donde hay una restricción, hay una oportunidad.

El emprendedor explicó fácil un negocio que mueve millones: lo primero es abrir una cuenta de Instagram cuyo nombre comience con “Clandes”, en su caso el nombre es Clandes_cba, pero si uno indaga, hay muchas más, que funcionan como “mesa de entrada” para contratar los servicios de los encuentros prohibidos. “Damos el mejor asesoramiento para que vos y tus amigos manijas se la den ‘en la pera, mandá al privado tu joda para difundir’”, describe en la biografía del perfil, en la que permanecen los contactos pero no hay muchas publicaciones.

Pero lo dicho, Guzmán y tantos otros no están solos: hay relacionistas públicos que arman listas, personal de barra, seguridad, y hasta gestores administrativos que se prestan para llevar adelante el ilícito. Te llevan el boliche a tu casa. “Llegamos a juntar 2000 personas en una reunión durante la pandemia”, dijo el joven sin ponerse colorado, aunque en los últimos meses comenzó a ser investigado, sin resultados en la causa judicial que sigue la provincia y en la que además se denunció la supuesta connivencia policial.

¿Dónde denunciar fiestas clandestinas?

Entre lo insólito- fiestas montadas en una comisaría de Fuerte Apache o en merenderos de barrios populares-, hasta las clandestinas de alto vuelo, en barrios privados, la única manera de terminar con esta práctica que pone en peligro a la población es denunciarlas, lo cual se puede hacer mediante el teléfono 911, cualquier día de la semana y a toda hora.

Además, para denunciar casos de violación a las restricciones podrán comunicarse con la línea nacional 134 en todo el país, mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las denuncias se reciben a través de la línea 147 o en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del 0800-333-347225(FISCAL), y en provincia de Buenos Aires al (221) 429-3386.

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