Tras casi dos años de investigación de la división Trata de Personas de la Policía Federal, el fiscal Franco Picardi pidió que se eleve a juicio a Raúl Roncayolo y Karina Juárez acusados de someter promotoras a la prostitución en el ambiente del automovilismo. Dada la imputación, pueden recibir penas de 5 a 10 años de cárcel.

Juárez con domicilio en La Tablada fue arrestada en 2019 en el autódromo Fangio en Rosario. La mujer, que en ese entonces tenía 44 años, decía tener una “agencia de publicidad” a la que había llamado con su nombre y apellido, aunque en realidad funcionaba como una agencia de promotoras, que operaba en categorías como Turismo Carretera, Turismo Nacional y Turismo Posta, según consignó Infobae. 

La autoproclamada manager y empresaria estaba acusada de prostituir a las promotoras que trabajaban para ella, de acuerdo a una investigación en la que intervino la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata de personas con los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. 

Así fue que en el marco de la investigación Juárez quedó arrestada en una celda de la base de la PFA en Villa Lugano, donde pasó la noche. Fabián Ferro, su chofer, también fue detenido. Las víctimas declararon ante el Programa de Rescate, y luego ante la Justicia.

Más de 110 CDs de conversaciones intervenidas por una máquina judicial que acumulan más de 8 mil horas, hablaban de sexo por plata y sometimiento, de chicas reducidas a “autitos” según su jerga, de apetitos que había que saciar, especialmente los de un hombre mayor, Raúl Osvaldo Roncayolo, “El Papu”, “El Viejo”, empresario de 77 años, reconocido en su rubro, con una concesionaria en Pilar. En ese entonces, Roncayolo también fue arrestado, encontrado en su casa de un barrio privado de Pilar.

Sin embargo, dos años después, Roncayolo, Juárez y el chofer Fabián Ferro se encuentran libres, aunque el fiscal Picardi, a cargo de la Fiscalía Federal N°5, pidió su elevación a juicio.

Juárez negó cualquier nexo con la prostitución en su indagatoria. Afirmó que el empresario contrataba a sus chicas para promocionar su concesionaria en el circuito por ocho mil a nueve mil pesos el evento más viáticos. Por su parte, “El Papu” aceptó ser indagado. El empresario relató el funcionamiento de su negocio, su trabajo con Juárez, a la que decía preferir porque “cobraba la mitad” que sus competidoras. Al igual que la otra acusada dijo desconocer cualquier negocio del sexo, afirmó que su salud le impedía cualquier actividad de ese tipo.

Picardi no le creyó a ninguno. Afirmó en el requerimiento no sólo era “prostituyente habitual del circuito de prostitución generado en el marco del automovilismo bajo la portada de la agencia de promotoras que manejaba Karina Liliana Juárez” sino que además “aportaba su influencia, conocimiento y acceso en dicho ambiente, sin el cual la explotación sexual de las mujeres en situación de prostitución no podría haberse dado en la manera en que se hizo, y sin el cual la agencia de Juárez probablemente no hubiera podido funcionar”.

 De 26 promotoras identificadas, cuatro declararon como testigos de identidad reservada, sus testimonios fueron la columna vertebral de la acusación de Picardi y la PROTEX junto con las escuchas. 

El informe del Programa de Rescate aseveró que “algunas mujeres entrevistadas manifestaron que era sabido que Roncayolo le solicitaba a la señora Juárez mujeres para mantener contactos sexuales. Afirmaron que a cambio les abonaba entre diez mil y quince mil pesos por la promotora que eligiese... Una de las mujeres manifestó te pagan tan poco que para hacerte otro sueldo te ofrecen prostituirte”. Otros relatos hablan de experiencias de proxenetismo de alto vuelo: viajes en avión privado con un empresario, visitas a un reconocido hotel en Punta del Este.