Megaoperativo internacional contra la explotación sexual infantil: 84 detenidos y 270 allanamientos en 15 países
La operación "Aliados por la Infancia VI", coordinada desde Argentina, desarticuló redes vinculadas a material de abuso sexual infantil. Hubo procedimientos en 17 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otros 15 países.
En un megaoperativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, 84 personas fueron detenidas tras 270 allanamientos simultáneos realizados en Argentina y otros 15 países, en el marco de la operación "Aliados por la Infancia VI", coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño.
Del total de arrestos, 26 se concretaron en Argentina y 58 en el exterior, en causas vinculadas con tenencia, producción, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil, según informaron fuentes judiciales.
Los procedimientos se realizaron en 17 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con operativos en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán.
A nivel internacional, la ofensiva incluyó 159 allanamientos en Brasil, además de procedimientos en Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia.
La magnitud del despliegue volvió a poner en evidencia la dimensión transnacional de estos delitos y la necesidad de cooperación entre países para investigar redes que operan en entornos digitales.
Cómo se llegó al operativo
La investigación fue impulsada por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a partir del uso de herramientas tecnológicas como ICACCOPS y CPS, sistemas especializados para detectar usuarios que comparten material de abuso sexual infantil en redes P2P.
También fue clave el análisis de reportes enviados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), de Estados Unidos.
A partir de ese trabajo, la Unidad de Cibercrimen del CIJ logró identificar decenas de domicilios sospechosos en distintas jurisdicciones del país, información que luego fue profundizada por fiscales y fuerzas locales para concretar los allanamientos.
Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar la existencia de más delitos o posibles vínculos con redes de explotación.
"Desarticulamos redes criminales"
El fiscal general del Ministerio Público Fiscal porteño, Martín López Zavaleta, destacó la coordinación internacional del operativo y remarcó que el objetivo no fue solo detectar tenedores de material ilegal, sino avanzar sobre estructuras criminales.
"Estamos desarticulando redes que trafican este tipo de imágenes yendo al fondo del problema: buscándolos, deteniéndolos, secuestrando los equipos e investigando si además pueden ser autores de delitos de abuso sexual", señaló.
Por su parte, Dupuy explicó que la próxima etapa será el análisis de los dispositivos incautados, lo que podría derivar en nuevos procesos judiciales.
"Estos casos requieren eficacia, rapidez y resultados", sostuvo la fiscal.
Cooperación internacional y tecnología
"Aliados por la Infancia" es una operación internacional impulsada desde Argentina que se consolidó como una de las principales iniciativas regionales para combatir delitos de explotación sexual infantil en internet.
El operativo nació del trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal porteño, la Embajada de Estados Unidos y el Department of Homeland Security, y se apoya en herramientas de monitoreo internacional para detectar en tiempo real actividad criminal en redes digitales.
Desde el CIJ destacaron que la cooperación internacional se volvió "un instrumento esencial" para abordar delitos de este tipo, donde las fronteras físicas no existen para las redes criminales.
Con esta sexta edición, la operación volvió a mostrar el alcance global del fenómeno y la capacidad de respuesta coordinada para perseguir delitos que tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes.

