El presidente Alberto Fernández defendió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py, donde declara como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La defensa de la vicepresidenta, imputada en esta causa, convocó al mandatario por haber sido jefe de Gabinete de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación y en ese rol intervenía en la redistribución de partidas presupuestarias, entre ellas de la obra pública.

"Es una decisión de carácter política no judiciable, me llama la atención lo que estamos discutiendo en este juicio", resaltó Alberto Fernández, quien agregó además que "definitivamente no hubo nunca reparto arbitrario" en los fondos adjudicados a la provincia de Santa Cruz.

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó que era "imposible" direccionar "fondos de una Ley de Presupuesto”, porque "es la ley más compleja de conseguir".

En la sala de audiencias están solo los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, funcionarios del tribunal oral y el presidente Fernández, mientras que en la plataforma virtual están los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los abogados defensores y querellantes y los imputados que quieran conectarse, ya que no es obligatorio.

"No existe ninguna norma que ponga limitaciones a cómo se distribuye el gasto de la obra pública. Eso es, a mi juicio, una decisión de carácter político no judiciable, lo he dicho públicamente y por eso me animo a decirlo en este juicio", insistió Fernández.

Sobre esta línea, el Presidente resaltó que "no hay una regla que diga que a una provincia le toca una cantidad de dinero por los habitantes que tiene", ni tampoco "no hay una regla que diga cómo se reparte la obra pública", por lo que consideró que "los criterios para repartir obra pública son absolutamente discrecionales".

"En este caso hay una suerte de fantasía de que dos personas se juntaban y decían `mandémosle plata a alguien` y que eso ocurría sin ningún tipo de control y eso es imposible", señaló Fernández, al explicar el proceso que se debe llevar adelante para adjudicar el presupuesto.

A su vez, consultado por el abogad de la vicepresidenta Carlos Beraldi sobre si un presidente tiene posibilidad alguna de interferir en una obra pública para favorecer a un grupo o particular específico, Alberto Fernández enfatizó que "es imposible conocer el trámite de adjudicación, una presidente puede conocer grandes números, cómo se está ejecutando el presupuesto pero no cómo evoluciona cada obra".

Fernández además negó que haya existido una asociación ilícita para favorecer al empresario Lázaro Báez, otro de los acusados en el juicio.

"Quiero que entiendan que una vez que el Presupuesto es aprobado es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al Presidente sobre cómo gasta el dinero de su ministerio. Un presupuesto no es la decisión de un Presidente, todos los ministerios construyen sus números y eso es revisado por el Congreso nacional", remarcó.

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