Por Francisco Nutti

@franNutti

El presidente Javier Milei envío al Congreso el proyecto conocido como "Ley Ómnibus", que busca implementar profundas reformas en el Estado, entre las que está la implementación de aranceles para aquellos extranjeros que, sin residencia ni radicación, quieran estudiar alguna carrera universitaria o terciaria en la Argentina. Con esta iniciativa surgió un interrogante sobre cuál será el impacto en estas personas que llegan al país para acceder a la educación pública y tener un futuro mejor.

En diálogo con crónica.com.ar, referentes del sector educativo coincidieron en que el objetivo en realidad es ir hacia la privatización del sistema universitario en general. 

"Esta medida es la punta de lanza para avanzar con el arancelamiento universitario porque plantea el congelamiento del presupuesto en base al del 2023, lo que significará además del congelamiento de los salarios de quienes trabajamos en ellas, que las universidades no puedan seguir funcionando", aseguró a este medio Ileana Celotto, secretaria general de la Asosiación Gremial Docente de la UBA.

Sobre ese punto explicó que "entre el ahogo presupuestario y esta primer medida de arancelamiento, lo que quieren es avanzar en la privatización de la universidad pública". Es así que señaló que "por otro lado, para mí está mal planteado el problema. Presentan a los extranjeros que estudian en nuestras universidades como un 'gasto', sin embargo son personas que viven, consumen, pagan IVA  en nuestro país". 

La privatización en el Gobierno de Javier Milei será algo frecuente.

"De todas formas, esta medida que propone Javier Milei contra los estudiantes extranjeros no es nueva. Ya hace un par de meses y en medio de la campaña electoral, Patricia Bullrich lo planteó. Y también en ese momento, como hacemos ahora nuevamente, lo rechazamos. Cabe aclarar que los números que en su momento se plantearon sobre la tasa de graduados y la presencia de un 50% de extranjeros, está equivocado, además de xenófobo. según informes de 2021 se trata del 4.3 %", explicó.

Además, remarcó que "hay que aclarar que ya todos los estudiantes extranjeros, y también los nativos, lamentablemente pagamos toda la formación de posgrado, que se mantiene arancelada desde la ley de educación superior menemista y que han mantenido al momento todos los gobiernos. Desde nuestro sindicato AGD UBA ( Asociación Gremial Docente de la UBA) ratificamos la defensa de la universidad estatal, publica gratuita y laica, y con toda su producción científica al servicio de las mayorias nacionales".

De acuerdo a la información que transcendió, de esta propuesta quedarían afuera tantos los argentinos nativos como los extranjeros con residencia en el país, quienes podrían seguir gozando de la "educación no arancelada". Curiosamente, el artículo que menciona este punto, está dentro de la sección "Universidades Privadas", cuando en realidad está hablando de las instituciones educativas de gestión pública.

Tatiana Fernández Martí, que se desempeña como Consejera estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, señaló a su turno que "con la inclusión en la 'Ley Ómnibus' del arancelamiento opcional a los estudiantes extranjeros no residentes, lo que está haciendo el Gobierno de Javier Milei es anticipar que se viene un arancelamiento una privatización de la universidad en general".

Según las estadísticas de los últimos años, los estudiantes extranjeros representan solamente un 4,4% de los 2,5 millones de estudiantes universitarios del conjunto de las Universidades nacionales del país ya sea privadas o públicas. De hecho en la UBA representan tan solo el 9,2%. "Ese es un anticipo de lo que quieren hacer en Educación en general", sostuvo la joven, militante del Partido Obrero.

"Creemos que hay que enfrentarlo para defender el orgullo que implica que nuestra universidad sea pública y tenga las puertas abiertas al conjunto de los estudiantes del mundo y de América Latina que es algo que nos distingue como nación y como país. Es una bandera que vamos a seguir defendiendo" dijo y cuestionó las evaluacionees finales que se llevarán a cabo en las secundarias. "Es para ranquear las escuelas y que después empiecen a competir entre ellas. Otro anticipo de que también quieren ir a fondo con la vaucherización de la educación en los niveles iniciales de la Argentina". precisó.

La norma vigente en la actualidad mediante la Ley 24.521 garantiza la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal e instaura la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, pero no realiza la mencionada diferenciación que establece el artículo 553 de la nueva normativa.

Por F.N.