La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que depende del gobierno nacional, le pidió al juez Claudio Bonadio que abra una investigación por el delito de lavado de dinero contra los involucrados en la fase original del Caso Cuadernos y que los llame a indagatoria.

Para la UIF no sólo hubo coimas, también se ingresó el dinero ilegal al circuito legal y por eso pide una investigación por el delito de lavado de dinero.

Se trata de un total de 68 acusados, entre los que están los empresarios Marcelo Mindlin, Paolo Rocca (Techint), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri, quien fuera dueño de la firma Iecsa. Entre los políticos se destaca el apellido de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para la UIF no sólo hubo coimas, también se ingresó el dinero ilegal al circuito legal y por eso pide una investigación por el delito de lavado de dinero. El argumento choca contra el artilugio que eligieron numerosos empresarios para escapar de las prisiones preventivas dictadas por la Justicia en el caso.

Al admitir que pagaron a funcionarios, pero rechazando que se tratara de coimas sino que las entregas de efectivo eran para hacer campaña, el delito pasa a ser electoral y no penal. De ahí que las penas serían menores.

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