Gobernadores piden que retrotraigan medidas y advierten con ir a la Justicia
Aseguran que las medidas económicas anunciadas por el presidente Mauricio Macri "no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales". También acordaron un documento que sostiene la necesidad de "resguardar" las finanzas de cada territorio.
Por Luciano Bugner
@lucianobugner
El paquete económico que el Ejecutivo presentó tras la derrota en las primarias se volvió un arma de doble filo. Una masiva reunión de gobernadores destacó que las medidas generan “un despojo de nuestros recursos”, solicitando una compensación mensual de al menos 30.000 millones de pesos. Por el congelamiento del combustible, las provincias petroleras de Río Negro, Neuquén y La Pampa acudieron a la Justicia. Hoy hará lo propio Santa Cruz, y en las próximas horas se pueden sumar Tierra del Fuego y Salta.
El Consejo Federal de Inversiones (CFI) fue el escenario de reunión entre 18 gobernadores y el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, en representación de Juan Schiaretti. Bajo esas firmas destacaron que las medidas anunciadas por Mauricio Macri fueron “inconsultas y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas”. Ese “despojo de nuestros recursos”, fue tildado como “insconstitucional”, ya que el impacto económico lo sufren las provincias. En síntesis, disminuye la recaudación de impuestos coparticipables.
“Estamos en grave peligro -denunció el escrito- de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social”.
Tras la difusión del escrito, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero -del área de provincias del Ministerio del Interior- mantuvieron un encuentro técnico con ministros de economía provinciales. Con las propuestas sobre la mesa, quedaron en reencontrarse mañana.
El reclamo federal es una compensación que alcanza los 30.000 millones de pesos, calculados por el impacto de la suba del piso de Ganancias y los cambios en monotributo y autónomos anunciados la semana pasada.
“Expresamos enérgicamente que vamos a defender los intereses de nuestros representados”, apuntó el escrito, añadiendo “que se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento”.
La advertencia de las provincias es que, si el diálogo no llega a buen puerto, “nos veremos en la necesidad de buscar un amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual”.
A la Justicia
Quienes ya judicializaron el decreto 566/19 (congelamiento de combustible) fueron Río Negro, La Pampa y Neuquén. Los motivos son que se verán afectados sus ingresos por regalías, la reducción de la actividad y el riesgo de las inversiones.
En comunicación con Crónica, funcionarios provinciales se quejaron por el método que dispuso el Ejecutivo nacional al establecer el precio de la nafta fijando el dólar petrolero a $45 y el barril de crudo en 59 dólares. En ese sentido, el gobierno evalúa discutir este precio de referencia.
Santa Cruz, en tanto, presentará hoy un amparo para evitar pérdidas que rondan los $400 millones mensuales. Eduardo Barcesat, representante ante la Corte de la provincia, señaló “que los recursos naturales, que son del dominio originario de las respectivas provincias, se encuentran afectados en garantía del repago de la deuda pública, externa e interna, generada por el gobierno nacional”.
El mismo camino judicial seguirían Tierra del Fuego y Salta.
El texto consensuado
El documento establece que los mandatarios provinciales "no" están "en contra de las medidas" pero que fueron resueltas "en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas". "Nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias generando un despojo de nuestros recursos y olocándonos en una grave situación de desfinanciamiento", indica el texto.
Agrega que el Gobierno nacional "no puede disponer inconstitucionalmente" de esos recursos y que las juridicciones están en "grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes" lo que amenazará con "la paz social" por las "malas políticas económicas y financieras" de las que las provincias "no" tienen "ninguna responsabilidad".
Califican además de "arbitraria y perjudicial" las medidas y sostienen que dejan a las provincias al borde de una "crisis" que las obligaría a tomar acciones de tipo "excepcional" lo que "agravaría la situación del país".
