La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes el pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, fundado en las "irregularidades y arbitrariedades" que la magistrada cometió "desde el primer día, cuando se borró el celular de (Fernando André) Sabag Montiel", el hombre que ese día le apuntó una pistola sobre su cabeza.

El escrito presentado recorre una serie de decisiones de la jueza Capuchetti que provocaron la pérdida de confianza por parte de la víctima. Las diferencias entre la magistrada y la querella se profundizaron a partir de la forma en que se abordó la denominada “Pista Casablanca”, que investiga si un diputado de Juntos por el Cambio sabía que se produciría un ataque contra la Vicepresidenta.

Fernández de Kirchner compartió en su cuenta personal de la red social Twitter el documento de 37 páginas en el que pueden leerse los fundamentos por los que reclamó que la causa pase a manos de otro magistrado tras enumerar lo que la querella cree que fueron “irregularidades y arbitrariedades” en el accionar de Capuchetti.

“Un sinfín de actitudes de la magistrada que no nos dejan otra alternativa que recusarla”, sostuvieron los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal en el texto que presentaron este mediodía y que deberá ser respondido, en primera instancia, por la propia jueza.

“Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez”, sostuvieron los letrados.

Uberia y Aldazabal distribuyeron el escrito en subtítulos a partir de los cuales fueron enumerando el listado de “errores” que les hicieron perder la confianza en la imparcialidad de la magistrada. Entre ellos se destacan la pérdida de información del teléfono del agresor Fernando André Sabag Montiel y las demoras en la detención de sus supuestos cómplices Brenda Uliarte (procesada como coautora) y Nicolás Carrizo (procesado como partícipe secundario).

Los abogados de la vicepresidenta también cuestionaron la foirma en la que la magistrada abordó la pista que conducía a un dirigente de la Nueva Centro Derecha (Hernán Carrol) a quien Sabag Montiel, mediante una carta escrita desde su lugar de detención, había designado para que le nombrara un abogado; y también por el manejo de la línea de investigación en la que surgió el nombre del diputado nacional Gerardo Milman.

“La decisión fue confiar en la imparcialidad de la Dra. Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores. A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”, sostuvieron los letrados.

“La magistrada decidió no delegar la instrucción, pero, paralelamente, no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo”, afirmaron Ubeira y Aldazabal.

“Por la naturaleza del caso, su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”, remarcaron los abogados.