Argentina volvió a reclamar la suspensión del fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska, quien ordenó transferir las acciones del Estado en la empresa YPF (51%) al fondo Burford Capital en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera.

La nueva presentación de los abogados que representan al país fue en respuesta a los escritos de los beneficiarios del juicio, que rechazaron la solicitud de la Argentina.

 

Argentina volvió a pedir que se suspenda el fallo que lo obliga a entregar acciones de YPF: los argumentos

En los documentos presentados este martes, los abogados del país advirtieron que cumplir el fallo forzaría a la Argentina a violar sus propias leyes y a perder el control que tiene sobre YPF. También indicaron que una entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros, como a las provincias y a los tenedores de bonos soberanos.

El Gobierno de Javier Milei busca que se suspenda la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF para cumplir con dos condenas impagas: la principal es en el caso de la expropiación de la petrolera por 16.000 millones de dólares, en favor de los fondos Burford y Eton Park.

La otra es a favor de Bainbridge por 95 millones de dólares por el juicio que ese fondo de inversión inició en 2016 y que cuenta con sentencia a su favor por la deuda en default.

Según lo expuesto por los abogados de Argentina en el descargo, la suspensión del fallo no supone perjuicio alguno contra los demandantes, “ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa”.

Asimismo, subrayaron que la entrega de las acciones podría afectar a terceros no involucrados de forma directa en la disputa y activar “cláusulas contractuales adversas para YPF”.

 

En cuanto al fallo que favorece a Bainbridge, la Argentina argumentó que la transferencia de las acciones de YPF representaría una violación a la Ley N° 26.741. De acuerdo con el Estado nacional, “no existe jurisprudencia que avale” esta disputa legal, un aspecto que abre la posibilidad de que un tribunal de apelación tenga un enfoque distinto.

Argentina presentó en enero de 2024, una apelación ante la Cámara de Nueva York por la condena de 16.000 millones de dólares y además presentaría próximamente una segunda apelación para que se suspenda la transferencia de acciones.