Argentina sufrió un nuevo traspié en el juicio por la expropiación de YPF ya que en las últimas horas la Justicia de Estados Unidos dio el primer paso para aplicar embargos en el marco de la sentencia que obliga al país a pagar US$16.100 millones por la nacionalización de la empresa.

Es que la jueza Loretta Preska declaró a YPF y al Banco Central como posibles “Alter Ego de la República Argentina” y ordenó al país “producir información desde los últimos dos años para probar su relación con el Estado”, es decir que entregue una suerte de informe detallado al respecto.

Así lo informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue al detalle los pormenores del caso, en declaraciones formuladas al canal TN. Recordó que los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina por la expropiación de YPF están buscando cobrar mediante embargos o transferencias de titularidad de las acciones.

“Como la Argentina no depositó garantías, los beneficiarios pueden pedir embargos. Para avanzar en ellos, le pidió un montón de información y documentos sobre los bienes a la Argentina. El país no está produciendo esa información porque argumenta que son bienes no embargables”, señaló Maril.

Los demandantes solicitaron información sobre las acciones de YPF expropiadas a Repsol y otras acciones de la petrolera en manos del Estado; cuentas, activos, deudas y transacciones valuados en 1 millón de dólares o más; el swap con China; las concesiones para la exploración de recursos naturales; Aerolíneas Argentinas; Arsat; Enarsa y Banco Nación.

Los abogados de la Argentina rechazan la entrega de documentos porque consideran que son activos sensibles y que, como tales, no son embargables. Por este motivo, los beneficiarios solicitaron una audiencia con Preska.

“Esa audiencia fue hoy y Preska reconoció que hay fuertes sospechas de que el Banco Central y la propia YPF son alter ego de la Argentina. En esa línea, le ordenó al país que produzca la información necesaria para responder a los requerimientos que los demandantes formularon hace meses”, indicó Maril.

A mediados de febrero, el Gobierno apeló ante los tribunales de Nueva York, el fallo de Preska, que obliga al país a pagar una indemnización de US$ 16.100 millones por la nacionalización de YPF en 2012, al sostener que el caso tiene que ser juzgado en el país y que “inflaron enormemente” los daños de los demandantes.

La línea de la apelación, el primer avance en el caso bajo el Gobierno de Javier Milei, siguió la misma argumentación de la defensa del Estado argentino durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

En el documento, la Argentina le pidió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revierta el fallo del tribunal de Preska, el cual “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”.