La CGT apeló la resolución del juez de Trabajo, Ignacio Ramonet, quien desestimó el rechazo de una medida cautelar para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral incorporada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno que desregula la economía.

Al respecto, la central obrera apuntó: "Nos cuesta imaginar por qué razón un juez de trabajo considera que los trabajadores no son socialmente vulnerables cuando se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos".

El texto de la apelación, firmada por los secretarios generales de la CGT Héctor Daer, Pablo Hugo Moyano y Carlos Alberto Acuña.

"La aplicación inminente irrogará un daño de relevancia, tanto para las asociaciones sindicales como para los trabajadores, porque el DNU 70/23 cercena derechos adquiridos de protección constitucional en el ya citado art.14 bis y en las normas internacionales", resaltó.

Además de "interponer un recurso de apelación contra la resolución dictada por el Sr. Juez "a-quo" el 27 de diciembre del 2023 en cuanto desestima la medida cautelar solicitada", la cúpula cegetista reiteró el pedido cautelar y argumentó su postura.

Para el gremio, el decreto conlleva "una reforma laboral de espaldas al Congreso Nacional, materializa daños tangibles al modificar, con una pauta regresiva, que incluye supresiones y modificaciones" de distintas leyes laborales.

Ayer, el juez Ramonet desestimó la cautelar de la CGT al argumentar que el decreto presentado por el presidente Javier Milei la semana pasada "todavía no se encuentra vigente".