La justicia de Estados Unidos recibió una nueva demanda por 1.300 millones de dólares contra la Argentina por parte de un grupo de fondos de inversión, en la causa conocida como “Cupón PBI”. El caso fue presentado ante la magistrada Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York.

La presentación fue hecha por el fondo Aurelius Capital, junto a una docena de fondos denominados “buitre” que denunciaron el perjuicio que les habría generado en sus cobros la presunta manipulación de estadísticas oficiales durante el kirchnerismo.

La demanda está relacionada con una causa iniciada en 2019 y que en su momento la jueza Preska había desestimado. La novedad es que ahora los fondos demandantes presentaron una “corrección” y otras pruebas adicionales para que la magistrada reabra el caso.

 

 

Según el especialista Sebastián Maril, “en esta nueva demanda, Aurelius ‘corrige’ los argumentos presentados en la demanda original de 2019 que fue desestimada por la juez Loretta Preska a favor de Argentina en abril de este año”.

La controversia se basa en un título que el gobierno argentino había emitido a comienzos de siglo, que pagaba dividendos extra si la economía argentina crecía por encima de un nivel determinado, que fue fijado en 3,2% del PBI.

 

Causa PBI: cuál es el reclamo de los fondos buitres contra el Gobierno argentino  

Los demandantes aseguran que durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Indec realizó una serie de modificaciones a sus procedimientos estadísticos, a partir de los cuales se determinó que el producto había crecido por debajo de ese nivel.

Sin esos cambios, alegan los demandantes, se habría superado ese umbral y los tenedores del bono habrían recibido pagos más altos.

 

 

A raíz de que la jueza Preska nunca se expidió sobre la cuestión de fondo, es decir sobre si hubo o no distorsión de datos oficiales, los fondos volvieron a presentarse en su juzgado en busca de obtener un fallo favorable.

La procedencia o no de los dividendos de ese título ya originaron varias controversias judiciales. Según Maril, “existe otro caso presentado por los mismos demandantes y el Bank of New York como representante de todos los bonistas que aún sigue abierto. Este segundo juicio, por U$S 6.000 millones seguramente ingresó por la puerta correcta”.

A ello se le suma el tratamiento del caso en la Corte Suprema del Reino Unido que tiene pendiente dictaminar sobre una demanda de U$S 1.500 millones.

 

 

La Justicia británica ya había condenado este año a la Argentina en los tribunales superiores pero el país apeló a la última instancia depositando una garantía de U$S 337 millones, que se descontará del pago final en caso de producirse un fallo adverso la semana que viene.

La jueza Preska, además, es una vieja conocida de los argentinos. La magistrada tiene en sus manos otra causa contra el Gobierno por la expropiación del paquete mayoritario de la empresa YPF. La demanda es por una cifra todavía mayor: 16.000 millones de dólares.