La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, presentó este miércoles un escrito ante el juez federal Luis Rodríguez en que aludió a la "inexistencia de conducta u omisión alguna que pueda calificarse como delictiva", según el texto presentado en la causa que investiga un supuesto encubrimiento del organismo al ex ministro de Energía Juan José Aranguren.

Alonso ingresó, pasadas las 10.40, al despacho del juez Rodríguez, en los tribunales federales de Retiro, para prestar declaración indagatoria por “negociaciones incompatibles con la función pública” con Aranguren, ex accionista de la empresa Shell.

"Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado. Por ende, ningún delito puede ser reprochado", sostuvo Alonso en un escrito entregado al juez federal Rodríguez.

La funcionaria remarcó que cumplió "con absolutamente todos los deberes" a su cargo y que no omitió "ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada". También expresó que desempeñó la función pública "con total integridad, probidad y buena fe". "No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria en autos", manifestó en el escrito.

"Vengo a formular las siguientes manifestaciones con el fin de explicar la actividad desarrollada en el ámbito de la Oficina Anticorrupción bajo mi dirección, acreditando los quehaceres ejecutados la inexistencia de ninguna conducta u omisión que pueda calificarse como delictiva", introdujo en su descargo.

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Aranguren fue designado al frente de Energía cuando aún era accionista de la multinacional petrolera  Shell. En ese contexto lo acusan de haber beneficiado a las empresas petroleras, cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió subir el precio del gas al inicio de su gestión.

El hecho de haber mantenido ambos cargos generó una denuncia de los diputados de Unidad Ciudadana,  Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, por “conflicto de intereses” en mayo de 2016. En ese sentido, Alonso está acusada por no haber advertido esas incompatibilidades desde su posición al frente de la OA.

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