Los ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto el ministro Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron este viernes el proyecto “Ley Penal Juvenil” que enviarán al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

La iniciativa reduce la edad mínima para ser imputable, actualmente de 16 años, y establece además una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.

"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", aseguró Bullrich.

La ministra indicó que "a partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas".

En la presentación que hicieron los ministros también estuvieron presentes el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.

El documento difundido señala que la mayoría de los países de la región establecieron edades de imputabilidad más bajas. "Solo Argentina y Cuba establecen en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Mientras que Chile y Perú la fijan en 14, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13, Brasil y México en 12, mientras que Granada y Trinidad y Tobago en 7", afirma.

"Se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas. Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien", dice el texto.

"La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas", aseguraron los ministros durante la presentación del proyecto.

"Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La ley que rige actualmente es de la década del ‘80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas", advirtieron en un comunicado.

"Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal. Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia", cierra el texto presentado.

Por su parte, Cúneo Libarona remarcó que “todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen".

En tanto, la ministra Bullrich explicó que el objetivo del proyecto es que los jóvenes “no sólo tengan una sanción, sino que esta les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictiva”. "El medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.

La reforma que plantea el Gobierno Nacional se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país.

Los adolescentes de entre 13 y 18 años que sean imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal podrán ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”.

Las escalas de penas que figuran en el proyecto van de 3 a 6 años en los casos en los que “no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.

En estas situación, a su vez, “la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”.

La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas", advirtieron en un comunicado.

La iniciativa establece un máximo de 20 años de penas, que al cumplir las 2/3 partes, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.

El proyecto del oficialismo también abre la puerta a otras maneras de resolver la pena, con mediación o soluciones restaurativas. "En el caso de que imponga una condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes", dice el texto.

Además, aclara que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, "el juez la sustituirá por otra más severa".

Por último, los ministros Bullrich y Cúneo Libarona explicaron que “resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”.