En las últimas horas, trabajadoras sexuales, funcionarias y organizaciones de derechos humanos exigieron la derogación del artículo del Código Contravencional porteño que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública y denunciaron la violencia policial que sufren, durante una reunión abierta realizada frente a la Legislatura porteña.

Se trata del artículo 96 (ex 86) del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, el cual se pide que sea "inmediatamente derogado" a través de un proyecto de ley presentado el 8 de marzo del presente año por la diputada porteña Victoria Montenegro.



La funcionaria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que no se puede sostener una legislación que desconoce el principio de no discriminación".

También resaltó que se debe terminar con "las prácticas violentas que estigmatizan y discriminan por parte de los agentes estatales a este colectivo".

En este sentido, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), expresó que es muy importante que "el proyecto se pueda debatir en el recinto, porque lo que se vive día a día, a partir de la vigencia de este artículo, son situaciones de hostigamiento, violencia y maltrato institucional".

En ese sentido, Orellano manifestó que el trabajo sexual "no es un delito, pero muchas veces la policía nos dice que sí lo es cuando labran actas", y también denunció la "mirada selectiva y punitivista" de las reiteradas situaciones de abuso policial que sufren.
Una de las tantas manifestaciones para reinvidicar el trabajo sexual.


El artículo 96 (ex 86) que se propone derogar establece que “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 400 pesos. En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales".

Sin embargo, la secretaria general de Ammar aseguró que "las compañeras de la comunidad LGBTIQ+ y las migrantes, de piel oscura, la pasamos aún peor", porque se viola la Ley de Identidad de Género y se propician "discursos xenófobos y racistas", llenos de prejuicios y "carentes de respeto".

Al respecto, Matías Busso, quien junto a Alejandro Mamani y Agustín Iglesias conforman el equipo de legales de Ammar, aseguró que registran "un promedio de mínimo de una compañera detenida arbitrariamente por día".



Esto da cuenta "del abuso policial en el espacio público, posibilitado por la vigencia de este artículo", agregó Busso, asesor de este colectivo que "vive con muchos derechos vulnerados", acrecentado en muchos casos por condiciones de género o raciales.

En esta iniciativa, con la compañía de Marcela Millán, Defensora General del Ministerio Público de la Defensa; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Amnistía Internacional, busca propiciar la revisión de "un código contravencional totalmente discriminatorio y vetusto, que no es más que una herramienta para cometer mayores atropellos", expresó el abogado.

Por último, quienes participaron de la manifestación, afirmaron que durante la pandemia esta problemática "se agudizó".

Según datos del Ministerio Público Fiscal de CABA, en el 2019 hubo 175 contravenciones por supuesta infracción al artículo 96, y en el 2020 la cifra casi se triplicó y ascendió a 458. Sin embargo, "el 98% de estas actas prescriben, lo que da cuenta de la arbitrariedad de las detenciones y del abuso que hay", concluyó Orellano.

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