Renunció el concejal salteño de La Libertad Avanza denunciado por extorsionar a una militante
Pablo Emanuel López fue denunciado por su expareja por violencia de género, retención indebida de haberes y extorsión sexual.
Un concejal de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Salta presentó su renuncia a la banca luego de ser denunciado por su expareja, quien es militante de la misma fuerza política. La acusación es por violencia de género, retención indebida de haberes y extorsión sexual.
El acusado es Pablo Emanuel López, cabeza de lista de La Libertad Avanza para el Concejo Deliberante de la capital en las elecciones de 2023. El caso se dio a conocer públicamente el miércoles pasado, tras la confirmación de la denuncia efectuada por la convencional municipal Estela Méndez Valero, quien ocupaba el séptimo lugar en la mencionada lista.
La denunciante declaró ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género ser víctima de un patrón de hostigamiento. Como parte de la evidencia, presentó grabaciones de audio en las que el dirigente supuestamente ofrece a la denunciante "descuentos" en una deuda económica a cambio de favores sexuales.
En uno de los audios presentados ante la Justicia, se escucha a López decir: “Por cada chupada de p... te descuento 10 mil pesos”. En el mismo audio, la denunciante confronta a López, expresando: “Creés que soy una p...”, a lo que el exconcejal responde con evasivas e intimidaciones.
Méndez detalló una serie de eventos que habrían ocurrido durante una prolongada y conflictiva relación personal y laboral con el ahora exconcejal. La presentación judicial incluye acusaciones de violencia psicológica, física, sexual y económica. Los episodios descritos abarcan desde agresiones físicas hasta exigencias sexuales no consentidas.
La denuncia describe una dinámica sistemática de violencia, la cual se habría iniciado en el contexto de una relación de pareja que comenzó en 2019 y finalizó en mayo de 2025. Durante este período, según el testimonio de la denunciante, López habría utilizado su rol institucional para manipularla y someterla.
Los hechos detallados incluyen golpes, control económico, amenazas de perjudicar su carrera política, presiones para participar en encuentros sexuales no deseados y filmaciones sin consentimiento.
Uno de los episodios más graves denunciados habría ocurrido en enero de este año, durante un viaje a Misiones. Según Méndez, López la coaccionó para mantener relaciones sexuales con otra persona y filmó la escena sin su autorización. En el texto judicial, la denunciante relató: “Fue violencia sexual. Solo quería complacerlo. Me dolía. No lo disfruté”.
En paralelo, la situación laboral de Méndez también habría presentado irregularidades. La denunciante afirmó que, a pesar de que su sueldo como asesora era de alrededor de 500 mil pesos, López le exigía una parte significativa bajo amenaza de represalias. En otro de los audios presentados, se la escucha reclamarle al concejal: “¿No eran 500 mil pesos? Porque te quedás con 200 y me das 300”. El funcionario respondió: “No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar”.
La situación tomó estado público tras la difusión de los audios por el canal local Cadena Infinito. Este hecho generó una rápida reacción del partido libertario. A través de un comunicado, La Libertad Avanza en Salta se desmarcó de López: “En relación con los trascendidos públicos sobre hechos de gravedad que involucrarían a uno de los integrantes de nuestro espacio, expresamos con claridad que nuestro partido no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores que sostenemos”. El comunicado añadió: “Nos regimos por la ley, la transparencia y la ficha limpia. Confiamos en el accionar de la Justicia”.
Horas después de la difusión del caso, y frente a la presión mediática y política, López presentó su renuncia al Concejo Deliberante. En el escrito, argumentó su decisión “por un profundo sentido de responsabilidad institucional” y sostuvo ser víctima de una “persecución personal”. Afirmó: “Prefiero dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños”, sin referirse directamente a las acusaciones.
En su denuncia, Méndez solicitó medidas de protección, la prohibición de contacto y acercamiento, y el secuestro de los dispositivos electrónicos del exconcejal. Se presume que estos dispositivos podrían contener pruebas clave, como mensajes, audios y transferencias bancarias. La denunciante también aseguró haber recibido un botón antipánico por disposición judicial.
La causa judicial avanza en el Ministerio Público Fiscal y podría derivar en imputaciones por delitos como lesiones agravadas, amenazas, coacción, exacciones ilegales y delitos contra la integridad sexual.
