El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, retomará formalmente su actividad al frente de la cartera, tras el escándalo por el despido de la casera de la quinta de su familia, Sandra Heredia. El caso estalló por un audio en el que el funcionario la insultaba duramente, y se agigantó cuando la mujer declaró -y comprobó- que había sido contratada para ser parte de la intervención del gremio de los trabajadores marítimos ( SOMU), decidida por el propio Triaca.

En pleno conflicto, el ministro fue enviado a vacacionar, mientras el jefe de gabinete, Marcos Peña, tomó la posta y salió a defender su accionar y lo reafirmó en el cargo. Pese a eso, a lo largo de las últimas semanas se barajaron distintos nombres para reemplazarlo. El escenario al que llega el ministro de Trabajo es inmejorable para evitar que lo desplacen.

El gobierno instaló con fuerza en el primer mes del año que el cumplimiento de la meta de inflación prevista para este año (del 15%) dependerá en forma casi exclusiva de lograr contener las paritarias por debajo de esa cifra. "Las paritarias son libres, pero todos deberían comprometerse con esa meta", dijo el propio Peña días atrás.

En ese marco, hay frente abiertos que auguran conflictos, como el de los bancarios, a quienes se les ofrece un 9% y la semana pasada se les quitó un aporte al gremio como forma de presión. Su regreso también coincide con el punto más alto de la batalla librada entre los gremios de la CGT, ahora encabezados por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, y el gobierno nacional, con causas judiciales mediante.

Triaca es el único del gobierno con diálogo fluido con los sindicalistas, y se espera que aporte para encontrar una solución política al conflicto que no paró de escalar, al punto que Camioneros lanzó una marcha para el 22 de febrero, a la que se siguen sumando gremios.

A todo ese combo hay que sumar la polémica reforma laboral impulsada por el presidente  Mauricio Macri. Si bien la CGT negoció mejoras al proyecto y le dio su visto bueno en noviembre, los incidentes y el rechazo social a los cambios previsionales aprobados en medio de fuertes conflictos llevaron a los dirigentes a quitarle respaldo al texto.

Pese a formar parte del temario de sesiones extraordinarias convocadas para enero y febrero, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás y ahora calcula que no habrá paquete de leyes, sino que cada tema será debatido en el Congreso, recién a partir de marzo.