El suspendido juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, enfrentó este lunes el inicio del jury de enjuiciamiento que definirá si es apartado de manera definitiva de su cargo. 

El proceso penal y administrativo se fundamenta en denuncias por presunto antisemitismo y actos de discriminación cometidos a través de plataformas digitales.

Durante la primera audiencia del debate, los representantes del Consejo de la Magistratura sostuvieron la acusación y reclamaron formalmente la destitución del magistrado. 

Argumentaron que el acusado atacó a una comunidad religiosa, promovió el hostigamiento digital y difundió ideas conspirativas mediante publicaciones sistemáticas en la red social X (antes Twitter).

Por su parte, el juez federal rechazó los cargos argumentando que sus expresiones estaban amparadas por la libertas de expresión y que sus opiniones se referían estrictamente a asuntos públicos, sin intenciones de ofender a ningún sector.

Posteos bajo la lupa y el rol de las instituciones denunciantes

La acusación formal estuvo liderada por el senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques. 

Durante la jornada de apertura, exhibieron parte de los aproximadamente 40 posteos que fundamentaron el dictamen acusatorio, los cuales incluían expresiones explícitas vinculadas a la comunidad judía, al Foro Argentino contra el Antisemitismo y al Estado de Israel.

"La conducta de López resulta absolutamente incompatible con lo que un ciudadano común espera de un juez federal", afirmó Juez ante el tribunal.

Las denuncias iniciales que impulsaron el juicio político habían sido presentadas de forma conjunta por representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la diputada nacional Sabrina Ajmechet y miembros de la Fundación Apolo. 

Los denunciantes señalaron que los mensajes configuraban claras violaciones a las leyes contra la discriminación vigentes en el país.

Renuncia rechazada y el argumento de la defensa técnica

Al ejercer su derecho a defensa, Alfredo López remarcó que se desempeñó en la función judicial durante 40 años sin registrar sanciones disciplinarias. 

Asimismo, advirtió que la resolución de este jury de enjuiciamiento sentará un precedente de alcance nacional e internacional respecto a los límites de las opiniones personales de los funcionarios públicos, sosteniendo que "como jueces no perdemos la condición de ciudadanos".

Según se informó en los tribunales, tras el dictamen adverso de la Comisión de Acusación, el magistrado había presentado su renuncia formal alegando padecer una enfermedad ósea. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional resolvió no aceptar la dimisión, permitiendo que el plenario del Consejo avanzara hacia el juicio político.

El proceso de enjuiciamiento continuará desarrollándose durante toda la semana con la recepción de declaraciones de testigos clave y la posterior lectura de los alegatos finales.