Cúneo Libarona presenta el nuevo Código Procesal Penal: reformas en la Justicia Federal en marcha
El ministro de Justicia libertario anunciará la presentación del nuevo código procesal penal para la Justicia Federal, buscando una mayor eficiencia en el servicio judicial. Se le otorgará más poder a las fiscalías.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, junto con su par de Seguridad, Patricia Bullrich, están listos para presentar el nuevo código procesal penal que regirá en la Justicia Federal. Esta normativa, que se puso en marcha anticipadamente en Rosario durante la crisis generada por crímenes vinculados al narcotráfico, promete importantes cambios en el sistema judicial.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, este nuevo código será un "hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado". Adorni adelantó que el código, que será presentado el próximo lunes, se centrará en una modificación fundamental: "Los jueces van a decidir más rápido porque todos los casos se van a resolver en audiencias orales y públicas sin expedientes escritos que se acumulan", explicó.
Aunque aún no se conocen todos los detalles, el oficialismo espera que el nuevo código, en el que el ministro de Justicia ha estado trabajando desde que asumió su cargo, simplifique y agilice los procesos judiciales. Cúneo Libarona incluso estableció un consejo asesor interinstitucional para la reforma procesal penal con el fin de elaborar y consensuar la propuesta. En ese momento, destacó la importancia de lograr "una justicia eficiente y rápida".
El ministro de Justicia también resaltó la reducción del papeleo en el nuevo sistema. "Es el sistema idóneo y eficaz, con oralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, mucho más rápido", enumeró el funcionario.
La implementación del nuevo código cuenta con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el magistrado Horacio Rosatti, quien afirmó que están en "un compromiso militante para llevar adelante el Código Procesal Penal".
Este sistema acusatorio, creado por la Ley 27.150 sancionada en 2015, aunque nunca puesto en marcha, coloca la carga de la investigación en el Ministerio Público Fiscal y proporciona herramientas eficientes a los fiscales para investigar de manera efectiva el crimen organizado.

