Este miércoles, el proyecto de ley que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) fue aprobado por Diputados, pero con ciertas modificaciones que obligan a que la iniciativa regrese al Senado para ser nuevamente debatida.

Se trata de un proyecto que modifica la Ley 26.122 sancionada en 2006 e impulsada por Cristina Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner, el cual fue retomado por el arco opositor para limitar las facultades extraordinarias del presidente Javier Milei.

El Senado aprobó el límite a los tratamientos de los DNU en septiembre de este año, con un amplio consenso incluyendo apoyo de radicales, fuerzas provinciales y algunos disidentes del PRO.

Este miércoles, el proyecto obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. La Libertad Avanza cuestionó la iniciativa asegurando que otros presidentes "sobreutilizaron los DNU" en reiteradas ocasiones. En ese sentido, Milei ya anticipó que vetaría la norma si se convierte en ley.

Los cambios que se introdujo en el proyecto

En primera instancia, se estableció que los DNU sólo podrán referirse a una única materia para facilitar su tratamiento individual. Además, se establece un plazo de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre su validez; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto.

En tanto, la iniciativa remarca que se requiere la aprobación en Diputados y el Senado para que un DNU continúe en vigencia, lo que permite a la oposición invalidarlo con mayoría en una sola Cámara.

Otro aspecto que se modifica es que se habilita a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo a sesionar durante el receso (1° de diciembre al 28/29 de febrero), y se permite abrir el debate en el recinto 10 días hábiles después del ingreso del DNU.

Asimismo, si una Cámara rechaza un DNU, se deroga totalmente y prohíbe emitir otro sobre la misma materia durante el año parlamentario.

 

Marcha atrás: rechazo al artículo 3

 

Sin embargo, hubo un rechazo particular que no permitió avanzar con el proceso y que hizo ganar tiempo al Gobierno para conseguir consenso, o un eventual veto presidencial para después de las elecciones.

Se trata del artículo 3, que habla sobre el plazo de 90 días automáticos para derogación, el cual no alcanzó la mayoría absoluta (obtuvo 127 votos pero necesitaba 129), ya que hubo una abstención de Coalición Cívica y modificaciones en la votación dentro del PRO y Coherencia.

Esto impidió la sanción definitiva y obliga al Senado a decidir si acepta las modificaciones o insiste en el texto original.

 

El proyecto vuelve al Senado: cuáles son los pasos a seguir

 

Finalmente, el Senado recibirá el proyecto modificado con fecha a confirmar. En esta instancia, la Cámara alta deberá votar si acepta los cambios de Diputados o insiste en su versión original, lo que podría derivar en una comisión de conciliación.

Vale recordar que la oposición también tiene mayoría en el Senado. En caso de aprobarse sin el veto presidencial, el proyecto entraría en vigencia inmediatamente. Con un rechazo, la iniciativa podría archivarse si no se alcanza un consenso.