Son tiempos de intenso debate sobre la coyuntura económica que enfrenta Argentina. Una discusión que cruza la teoría, con los resultados diarios desde el termómetro de la calle. En ese escenario, esta semana en la ciudad de Buenos Aires reunió a referentes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicales, indígenas y los feminismos de más de una docena de países en “Una nueva arquitecta para rediseñar las reglas fiscales globales”, organizado por la Alianza Global para la Justicia Fiscal (GATJ), para analizar mecanismos y herramientas que permitan hacer frente a las maniobras de evasión fiscal de las grandes empresas y los individuos con altos patrimonios. 

“Hay un efecto perverso que generan las maniobras tributarias” ilícitas” del “vértice de la riqueza mundial” para evadir o eludir el pago de impuestos. Para advertir esas maniobras, Marcó del Pont destacó la necesidad de plantear acuerdos de “cooperación e intercambio de experiencias” impositivas entre países, como también favorecer la "formación de profesionales” en la materia", concluyó entre los primeros referentes que participaron el jueves, la economista, Mercedes Marco del Pont.

Antes, la ex titular de AFIP había apuntado sobre el ideal de ciertas políticas: "las reformas tributarias deben garantizar que los sectores que más tienen sean los que más aporten. La política y la sociedad civil tienen que lograr evidenciar la relevancia de contar con estructuras progresivas para garantizar el financiamiento de las políticas públicas y el desarrollo”. 

La apertura del evento contó, demás, con Nicolás Bohme, coordinador tributario del Ministerio de Finanzas de Chile y de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe; Pablo Ferreri, ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay; y el coordinador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina, Adrián Falco.  La conferencia que se llevó a cabo entre jueves y viernes en el Hotel NH Buenos Aires City, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también contó con la presencia de expertos de Uruguay, Tanzania, Chile, Bélgica, Costa Rica, Brasil, Honduras, Colombia, Filipinas, Kenia, Perú, Paraguay, Ecuador y Argentina.: 

Respecto de la actividad impositiva regional, Ferreri comentó que en los sistemas vigentes “el cobro de impuestos podría ser más importante. Hay en la región 7 puntos del PIB que no se recaudan por evasión y esto repercute en nuestras cuentas públicas. Son 433.000 millones de dólares según  datos de la CEPAL de 2023”. Mientras Falco, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, destacó el trabajo desde el entramado social para definir pautas comunes. “Se trata de trabajar en conjunto los movimientos sociales, los gobiernos, partidos políticos y empresarios en impulsar una reforma fiscal que les permita a los Estados recaudar más dinero en favor de los que menos tienen. Más de 180 millones de personas en la región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos”.

Finanzas: ¿cómo viven la crisis los sectores populares?

Luego de una intensa primera jornada, llegaría el turno de los movimientos sociales. El viernes, más de 200 organizaciones sociales de países de tres continentes exigieron avanzar con el establecimiento de la Convención sobre Cooperación Tributaria Internacional
en el marco de las Naciones Unidas (ONU), una iniciativa impulsada por países del Sur Global para combatir la evasión de grandes multinacionales y millonarios.

“Todos nos conmovemos cuando vemos chicos que no tienen agua potable para tomar, comen de la basura o no tienen acceso a la salud,
educación y vivienda digna. Pero no nos indignamos con la gente tan rica que no sabe qué hacer con tanta plata y que se dedica a joder a los demás. Para hablar de la pobreza, tenemos que hablar de la riqueza y de cómo está distribuida. Hoy en Argentina los que pagan más impuestos son los pobres”, disparó la referente del movimiento Frente Patria Grande y diputada nacional, Natalia Zaracho, durante el cierre del evento, donde además destacó: “el de Milei no es un gobierno que esté improvisando. Por el contrario, tiene una política bien planificada y cruel, que retiene alimentos en galpones cuando tenemos a más del 60% de los chicos en la pobreza”.

“La política fiscal es un tema político”, evaluó por su parte la economista brasileña Nathalie Beghin, presidenta de la Red Latindadd e integrante de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.  Al respecto, opinó que se debe profundizar la cooperación entre países del Sur Global para “modificar los sistemas tributarios, que están diseñados para atender a los más poderosos” y “contribuyen
a la pobreza, el racismo y la desigualdad de género”.

Un poco de polémica para terminar

“En una economía globalizada no hay un solo país que pueda resolver por sí mismo problemáticas como los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal”, afirmó este viernes el Coordinador Ejecutivo de GATJ, Dereje Alemayehu y reclamó una reforma tributaria internacional, basada en la cooperación global y democrática, según el economista de origen etiopí, ese espacio ideal está en Naciones Unidas.

Si bien, a su favor, y como parte del argumento que usó se puede confirmar con los datos certeros que "las pérdidas de recaudación como consecuencia de las distintas maniobras de evasión superan los 1.000 millones de dólares diarios a nivel global, lo que atenta contra el financiamiento de políticas públicas en materia de derechos humanos, género, medio ambiente y tareas de cuidado", también es cierto que en la actualidad la ONU no presenta el equilibrio de fuerzas, entre el poder real y poder formal, en el conglomerado de países que la conforman.

Para poner contexto, la Asamblea General de la ONU comenzó, a finales de 2023, un proceso para establecer una Convención sobre Cooperación Tributaria Internacional por impulso del Sur Global, especialmente por naciones de la Unión Africana y el G77, el grupo de 134  países no alineados que para la ONU están "en vías de desarrollo" pero en algunos casos, tienen economías golpeadas por las políticas de países con voz y voto en el G7, que además son los de mayor peso en las definiciones de las Naciones Unidas. 

Ya en 2023, la cumbre del G77+China que tuvo lugar en La Habana se concluyó con un llamado unitario a potenciar la cooperación entre las naciones del sur global y con la exigencia de las naciones del bloque a crear un nuevo orden económico basado en la solidaridad y que contempla con las necesidades de los países en desarrollo. 

En ese contexto, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba y anfitrión había reclamado un cambio en el orden económico mundial:  “subrayamos la urgente necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional y de un enfoque más inclusivo y coordinado de la gobernanza financiera mundial, con mayor énfasis en la cooperación entre los países, incluso mediante el aumento de la representación de los países en desarrollo en los órganos mundiales de toma de decisiones y formulación de políticas, lo que contribuirá a mejorar las capacidades de los países en desarrollo para acceder a la ciencia, la tecnología y la innovación y desarrollarlas”. 

Lo cierto es que con el apoyo de China, muchos de estos países hoy despegan y empiezan a reclamar otro papel en el universo financiero global, vale el encuentro de esta semana en Buenos Aires, como un espacio de debate sobre las normativas necesarias para el control de ese capital en fuga, y replica el debate que se dio en Cuba, sobre quiénes y cómo definirán las reglas del juego.