El Gobierno le solicitó a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere su orden de que la República Argentina entregue chats de WhatsApp y otras comunicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo; su antecesor Sergio Massa; y otros altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández, en el marco del juicio iniciado por la expropiación de YPF.

El planteo se da tras la intención de los fondos demandantes que buscan acceder a material que incluiría chats de WhatsApp, correos electrónicos y otras formas de contacto digital.

Los argumentos por los que Argentina pidió no entregar chats de funcionarios

En su presentación, Argentina sostuvo que no posee los dispositivos electrónicos desde los cuales se habrían emitido los mensajes solicitados y además subrayó que los teléfonos y computadoras pertenecen a los funcionarios en su carácter individual y no están bajo control del Estado, por lo cual no puede garantizar ni facilitar su entrega.

En este marco, el Gobierno de Javier Milei consideró que el pedido de información sensible podría vulnerar principios básicos de confidencialidad y soberanía institucional.

La Procuración del Tesoro de la Nación había adelantado la semana pasada que estaba “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery (búsqueda) sin precedentes”.

“La República Argentina pide a la jueza Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y ex funcionarios, ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no les pertenecen”, informó Sebastián Maril, el especialista que viene siguiendo de cerca los juicios contra la Argentina.

En el escrito, se advirtió además que “el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República”.

 

También asegura que “los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los ex funcionarios”.

Por el contrario, explica que “la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador”.