El Gobierno de Javier Milei decidió eliminar las restricciones que regían desde hace más de tres décadas sobre los aranceles de los colegios privados. A partir de ahora, las instituciones educativas podrán fijar libremente los valores de las cuotas y matrículas sin necesidad de informar previamente al Estado ni contar con su aprobación.

La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, y establece la derogación del Decreto 2417/1993, que imponía un estricto control sobre los aranceles educativos. Aquella normativa exigía que los colegios comunicaran a las familias los montos de la matrícula y las cuotas, junto con los plazos de pago, posibles recargos y condiciones, antes del cierre del ciclo lectivo anterior.

Hasta ahora, ese procedimiento debía completarse antes del 31 de octubre de cada año, aunque recientemente el Ejecutivo había extendido el plazo hasta el 15 de noviembre. Además, el esquema anterior obligaba a los colegios a alcanzar un acuerdo con los padres o tutores respecto a los nuevos valores. Si no había consenso, los aranceles quedaban congelados.

Según argumentó el Gobierno, el decreto derogado “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”. En ese sentido, el texto oficial subrayó que la norma había sido dictada “en un contexto normativo distinto, cuando la administración de la educación dependía del gobierno nacional y no de las provincias”.

El Poder Ejecutivo consideró que el traspaso de competencias educativas a las jurisdicciones provinciales, en el marco del principio federal, justifica la revisión del esquema anterior y su adecuación “al actual sistema de distribución de funciones”. A su vez, remarcó que la estructura de costos del sector “ha variado considerablemente desde entonces”, lo que vuelve necesario un marco más flexible.

El documento oficial también sostiene que la intervención estatal en la regulación de precios “ha tenido efectos contraproducentes”, ya que al exigir la presentación anticipada de las cuotas y matrículas “se limita la capacidad de los establecimientos para adaptarse a las fluctuaciones del mercado”. Esa situación, según el texto, llevó a que muchas instituciones fijaran valores más altos “por temor a enfrentar costos que luego no pudieran cubrir sin aprobación estatal”.

Desde la administración de Javier Milei se afirmó además que este mecanismo de control “terminaba afectando a las familias”, quienes debían afrontar cuotas más elevadas al inicio del ciclo lectivo. Según el Gobierno, ello reducía su margen de elección y, en algunos casos, las obligaba a cambiar de institución por razones económicas.

El Ejecutivo agregó que la exigencia de tarifas preestablecidas también podía repercutir negativamente en la calidad educativa, ya que los colegios “no podían responder con agilidad a los aumentos de salarios, insumos o gastos operativos sin previa autorización estatal”.

En la fundamentación de la medida, el Gobierno insistió en la necesidad de proteger “el principio de libre contratación”, permitiendo que las instituciones privadas definan sus políticas de precios y condiciones laborales “en función de la competencia y las demandas del mercado”. Según el texto, la eliminación de los controles busca fortalecer la autonomía de los colegios y garantizar su viabilidad económica en un entorno más dinámico y competitivo.