El juez federal Daniel Rafecas dispuso una serie de nuevas medidas de prueba en el marco de la investigación contra el diputado de la provincia de Buenos Aires, Francisco Adorni. 

La causa penal busca determinar si el legislador incurrió en los delitos de enriquecimiento ilícito y "omisión maliciosa" mediante la presunta falsificación de sus declaraciones juradas de bienes.

Oficios e investigación sobre el patrimonio del diputado

Las medidas solicitadas por el magistrado apuntan de forma directa a comprobar la legitimidad del fuerte incremento patrimonial de Adorni.

La recolección de pruebas ordenada por el juzgado se produce como paso previo a definir si se hace lugar al pedido de declaración indagatoria que ya formuló el fiscal Guillermo Marijuán.

Dentro de las medidas, Rafecas envió un pedido de informe al Banco Provincia con el objetivo de obtener un análisis completo de todos los pagos realizados entre los años 2024 y 2026, correspondientes a la cancelación de un crédito hipotecario por la suma de $60 millones de pesos. 

En paralelo, se requirió a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el envío oficial de su última declaración jurada como legislador, y se libraron oficios al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense para verificar la titularidad, valuación y condiciones de ingreso al patrimonio de dos propiedades específicas.

Inconsistencias en la herencia y cuentas bajo la lupa

Uno de los puntos centrales de la investigación radica en un cruce de información por una herencia declarada. 

La Justicia busca determinar la veracidad y origen de $21 millones de pesos que el imputado incorporó en una rectificación de su declaración jurada, alegando que provenían de una sucesión familiar. 

El dato llamativo para los investigadores es que dicha modificación se realizó justo después de que se abriera la causa judicial en su contra.

El fiscal Marijuán acusó al legislador libertario de ocultar cuentas bancarias y bienes de forma deliberada. 

El dictamen fiscal resalta que, por su profesión de perito contador y sus funciones previas en el Consejo de la Magistratura provincial, el acusado conocía perfectamente cómo confeccionar dichos documentos públicos. 

Además, los montos rectificados respecto de la herencia de su padre fallecido no coinciden con el informe de bienes patrimoniales expuesto por su hermano, Manuel Adorni.

De forma simultánea, la Cámara Federal unificó en los tribunales de Comodoro Py otra denuncia penal en su contra. 

En este expediente paralelo se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de un préstamo de $40.000 millones, vinculado al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).