Diego Pirota, abogado de la familia de la periodista Débora Pérez Volpin, quien murió en febrero de 2018 durante una videoendoscopia digestiva alta, pidió en la última jornada del juicio "4 años y cinco meses de prisión y 10 años de inhabilitación" para el endoscopista y "3 años en suspenso y inhabilitación de 10 años" para la anestesista Nélida Ines Puente.

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Antes de entrar a la lectura de alegatos, Pirota disparó contra el endoscopista Diego Bialolenkier: "La sorpresa sería si él se sienta y nos cuenta qué pasó realmente en el momento en el que lesiona el esófago de Débora. O que diga 'Yo no lo advertí, no me di cuenta que ha pasado acá, pero fui yo quien lesionó'".

 

Misma condena desde la Fiscalía

Luz Castany, la fiscal en el juicio, también pidió "4 años de prisión más costas y 10 años de inhabilitación" para el endoscopista y "3 años en suspenso e inhabilitación de 10 años" para la anestesista.

Castany aseguró que se trata de "los casos más gravosos de negligencia" en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8 de Capital Federal, que encabeza el juez Javier Anzoátegui.

"Ambos cometieron una infracción al deber de cuidado. No advirtieron el peligro de lo que estaban haciendo cuando debían representárselo", indicó la fiscal, quien tomó la palabra tras el alegato de la querella.

Respecto a Bialolenkier, la fiscal consideró que "hubo elementos para que él asocie que se había producido una perforación y no lo hizo. Él mismo señaló que hubo un ingreso dificultoso al tracto digestivo". "Debía conocer los riesgos típicos de la Video endoscopía alta", indicó.

Sobre Puente, consideró que "debía darse cuenta que algo andaba mal". "El reproche de la Fiscalía es que debía conocer los riesgos y tuvo sobrados elementos para representarse que había una perforación"; afirmó Castany y señaló que "las maniobras de reanimación no fueron adecuadas por el cuadro de la paciente".

 

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La fiscal, asimismo, adhirió a la posición de la querella con respecto al encubrimiento por parte de la clínica. "Han entorpecido la investigación", dijo Castany y adelantó que realizarán una presentación contra el establecimiento en la Secretaría de Salud de la Nación por infracción a la ley de trazabilidad de elementos médicos por el limado del endoscopio utilizado durante el procedimiento. 

También coincidió con la querella en "revisar" el testimonio de Miriam Frías, la instrumentadora que participó de la endoscopía. 

Una vez que finalizó el alegato de la fiscal, el juez determinó que la jornada pasara a un cuarto intermedio hasta las 13.30, cuando será el turno de los alegatos de la defensa.