Luego de que se anunciara la presentación del proyecto de Ley de Precios Justos para la provincia de Buenos Aires, los intendentes de Juntos en el territorio bonaerense mostraron su descontento con la implementación de esta medida, que tiene por objetivo llevar el control de precios y sancionar en caso de detectar abusos o incumplimiento de acuerdos por parte de los comerciantes, para lograr frenar la inflación.

En ese sentido, los dirigentes del PRO y de la UCR advirtieron que si se aprueba la ley en el Senado, no irán a recorrer los comercios a corroborar que se cumplan los precios puestos de referencia.

“Seguimos sin tener certeza de hacia dónde quiere ir y cuál es el plan del gobierno para poner un freno a la inflación desmedida. Porque vuelven sobre recetas de este tipo que ya han fracasado, está demostrado en la práctica a través de los años que no sirven”, le dijo al medio Infobae el intendente de La Plata, Julio Garro.

La máxima autoridad platense aseguró que quiere “trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones a las problemáticas”, pero, como argumento de rechazo al programa de control de precios, remarcó que “la inflación es un problema macroeconómico de origen monetario, no micro de cuidar el precio de algunos productos”.

Por su parte, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cruzó al propulsor del proyecto a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, interpelando a los comerciantes lanusenses: "Este intendente ni ningún agente municipal van a perseguirlos ni cerrar ningún comercio de barrio. El Frente de Todos está desesperado porque no sabe cómo contener la creciente inflación", arremetió.

Guillermo Montenegro, quien se desempeña como intendente de General Pueyrredón, también se posicionó en contra de los controles de precios al considerar que "no sirven" y que la medida forma parte de una estrategia para "echarle la culpa a alguien". Según Montenegro, el Gobierno provincial "le echa la culpa a los intendentes que no controlan, cuando el problema es otro". Para el jefe comunal el problema está en que "hay que gastar la plata bien".

Por último, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, opinó que "la guerra contra la inflación tiene una nueva víctima: los comercios". "Ahora el enemigo es el kiosco del barrio, el almacén de la esquina. Quieren que los intendentes castiguemos a los comerciantes por la impericia del gobierno, no voy a hacerlo", afirmó.

La propuesta fue llevada a cabo por el senador Francisco Durañona, del bloque del Senado del Frente de Todos, quien destacó que “este proyecto tiene como clave el aporte y la ayuda de los municipios" para que ejerzan un control de precios en su distrito y sancionar en caso de detectar abusos o incumplimiento de acuerdos, en el marco de las medidas tomadas por el gobernador Axel Kicillof.

"El corazón de esta idea es que los municipios juegan un rol preponderante, tienen una participación protagónica", explicó. En tanto, reveló que con esta medida su bloque busca reglamentar la ley de defensa de los consumidores para que "otorguen herramientas a los municipios para sancionar cuando detecten cosas que no se cumplen en los comercios”. “Si no se cumple la ley de góndolas o hay desabastecimiento por especulación y aquellos que remarcan por las dudas, ahí los municipios tendrán la facultad de poder actuar", enfatizó.

"No queremos abusos y para eso que mejor que la opinión de los vecinos y las áreas de inspección de los municipios", afirmó tras aclarar que “esto no implica una mayor burocracia, el mejor control será el vecino y las oficinas de derechos del consumidor, que funcionan muy bien". Asimismo, remarcó que "es central incorporar estas facultades para los municipios, y creer en el rol de los gobiernos locales".

En el texto de la normativa que se presentará este jueves detalla que "si la resolución tiene por verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de sanciones". Las multas para los comercios que no cumplan con la norma irán desde apercibimientos hasta los $10 millones. También se labrarán apercibimientos; multas de diez mil a diez millones de pesos, y decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.

Otras sanciones van desde la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta un mes, la suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, permiso, habilitación, licencia, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare el establecimiento comercial.

Con la medida se incorporará al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios un artículo que faculta a los municipios de la provincia de Buenos Aires "a la inspección, el juzgamiento y sanción de las mismas, sin perjuicio de los mecanismos establecidos en cada caso por la Autoridad de Aplicación y en coordinación con los órganos que correspondan”.

La medida se había tratado y aprobado en el Senado hace un tiempo, pero luego perdió estado parlamentario, ya que no fue discutida en Diputados. 

Por su parte, Teresa García, presidenta del bloque de senadores del FDT remarcó que “es muy bueno cada proyecto que tiene como protagonista a la gente, hay que defender a los consumidores". "Imagino -agregó- que la oposición que tan conmovida está por la crisis social y política no se opondrá al tratamiento. Llegó la hora y es algo indiscutible que la gente la está pasando mal, y hay que ponerse al lado de ellos”, consideró. La ex ministra también remarcó: “No buscamos sancionar al pequeño comerciante, se trata de las grandes superficies comerciales, como los supermercados, que muchos tienen conductas monopólicas. Tendrán que estar atentos a la palabra de los vecinos, sobre faltantes o si no se cumplen con los precios cuidados". "A nadie se le ocurrirá cerrar un kiosco, pero si hay supermercados que concentran la oferta, ahí si hay que apuntar. Venimos de una pandemia, una cuarentena que complicó las economías en el mundo”, aseguró García.