El Gobierno señaló que el presidente Javier Milei no asistirá al Congreso de la Nación para brindar explicaciones sobre el caso Libra tras el pedido de la oposición para que el mandatario se presente ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

Desde Casa Rosada afirmaron que la citación carece de sustento jurídico. Fuentes oficiales explicaron que la causa presenta irregularidades, lo que invalidaría los recientes hallazgos en el expediente. 

Legisladores reiteraron el pedido a Presidencia tras la difusión de ciertas pruebas que figuraban en la causa pero no se habían dado a conocer. Entre ellos, destaca la filtración de un presunto contrato millonario que vincularía al Jefe de Estado con el empresario estadounidense Hayden Davis. 

Dicho documento habría sido hallado en un celular de Mauricio Novelli, quien se encuentra imputado en la investigación. 

El entorno presidencial calificó el material como irrelevante para el proceso penal. "Es todo sin fundamentos, está ultra viciado, no se protegió el cuidado de la prueba, es todo inválido", aseguró un funcionario de alto rango en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas. 

En Balcarce 50 insisten en que la conducta investigada no encuadra en ninguna figura del Código Penal. La defensa del Ejecutivo se basa en la premisa de que "no hay delito" y que la causa responde a intereses  "mediáticos y políticos". 

El diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora reclamó la presencia de Milei para esclarecer su rol en la promoción de la criptomoneda Libra, que resultó en una estafa millonaria a cientos de personas que invirtieron en ella. 

Sin embargo, desde el círculo íntimo del mandatario la respuesta es tajante: "No va a ir nadie". 

Entre las pruebas difundidas más relevantes, aparece el peritaje de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal. Este informe habría revelado cinco llamados  el 14 de febrero de 2025 entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzaminto de la criptomoneda, y luego se habrían registrado varias comunicacions con funcionarios del Gobierno, coincidiendo con el periodo en que el activo digital comenzó a desplomarse.

A pesar de la relevancia de estos registros, el oficialismo cuestionó a la Procuración General de la Nación por la difusión de datos que deberían permanecer bajo secreto de sumario. "¿Cómo se le filtra algo que tiene que tener una cadena de custodia por lo que implica la investigación?", se preguntaron desde Casa Rosada.