El Senado de la Nación se dispone a debatir el proyecto de reforma electoral que el Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Congreso. La iniciativa deberá ser examinada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, antes de que quede habilitada para su discusión en el recinto.

El Gobierno de Javier Milei le dio gran importancia a la iniciativa y dijo que su objetivo es "corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar".

El texto que ingresó a la Cámara alta introduce modificaciones en tres aspectos sensibles:

* la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que de acuerdo a la ley vigente se celebran diez semanas antes de cada elección nacional;

* transparentar el financiamiento de los partidos políticos, habilitando que empresas privadas puedan colaborar con fondos para las campañas, algo que la actual normativa prohíbe;

* prohibir que los ciudadanos con condena judicial en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse a cargos electivos; es la figura que se había diseñado bajo el nombre de "Ficha Limpia" en un proyecto de ley que finalmente no fue aprobado.

Independientemente de la citación a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el fueguino Agustín Coto, de La Libertad Avanza, en los pasillos del Senado ya se "rosquea" para inclinar voluntades en favor (y también en contra) de la propuesta oficial.

La que se encargará de esta tarea en nombre del Gobierno es la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich. La negociación con las provincias aparece así como una condición central para definir hasta dónde puede avanzar la reforma. En la Casa Rosada apuntan a cerrar acuerdos individuales con cada gobernador, como ya hicieron en otros proyectos clave.

Sin embargo, en el oficialismo reconocen que por ahora no cuentan con la mayoría absoluta (la mitad más uno de la totalidad del cuerpo, es decir 37 adhesiones) que exige una reforma electoral. Es por eso que, además de una eventual suspensión de las PASO, en el oficialismo ya circulan otras alternativas para rediseñar el sistema de primarias, como esquemas optativos o mecanismos de participación más acotados para ordenar internas partidarias sin mantener el modelo actual.

También hay dificultades para imponer otros puntos accesorios de la norma, como la modificación de la Boleta Única de Papel (BUP), en la que se planea incluir un casillero que facilite la votación para la lista completa. Esta alternativa no es del agrado de los partidos provinciales.

Otra de las modificaciones apunta a los requisitos para que los partidos políticos mantengan su personería jurídica. Exige afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón del distrito, con tope de dos millones de electores, eleva de cinco a diez distritos el requisito para constituir un partido nacional y fija la caducidad para las fuerzas que no alcancen al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales sucesivas. A eso agrega mecanismos de autenticación biométrica y herramientas digitales para respaldar afiliaciones y postulaciones.

Como si fuera poco, un artículo detalla que las agrupaciones políticas no podrán contratar "los servicios de personas extranjeras". Esta cláusula impediría la contratación de asesores con experiencia en elecciones de otros países, recurso que se tornó habitual en los últimos años. Mauricio Macri, en 2015, llegó a la Presidencia gracias a los consejos del ecuatoriano Jaime Durán Barba, mientras que Sergio Massa ganó la primera vuelta de 2023 (luego cayó en el balotaje) con el asesoramiento del español Antoni Gutiérrez Rubí.