El Gobierno envío esta semana al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma electoral para eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), implementar la Ficha Limpia para candidatos y funcionarios, y reestructurar el sistema de financiamiento.

La iniciativa se debatirá en el Senado de la Nación. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, liderará el plenario de comisiones para el análisis de cada artículo.

Desde el bloque oficialista confirmaron el envío del proyecto en el que el Gobierno viene trabajando desde el año pasado, pero que recién en las últimas semanas se ajustaron los últimos detalles.

Reforma electoral: los puntos clave del proyecto

Uno de los puntos destacados del documento que el Gobierno envió al Congreso es la modificación de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. 

La propuesta establece la continuidad del Fondo Partidario Permanente, aunque con restricciones de acceso: solo podrán percibirlo las agrupaciones que hayan obtenido al menos el 1% de los votos del padrón nacional en la última elección de diputados nacionales. 

En cuanto al reparto de estos recursos públicos anuales, el documento dispone que un 20% se distribuya de manera igualitaria entre todas las fuerzas reconocidas. El 80% restante se asignará de forma proporcional a los resultados obtenidos en los comicios legislativos previos. 

Además, el proyecto introduce una cláusula de carácter voluntario respecto a los fondos estatales. Según el texto, "los partidos políticos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere. La renuncia deberá comunicarse de manera fehaciente al MINISTERIO DEL INTERIOR y se presumirá que tiene un plazo de vigencia de UN (1) año". 

En paralelo a la reducción del gasto público, la reforma promueve una mayor incidencia del capital privado. El límite de aportes por parte de una misma persona humana o jurídica se eleva del 2% al 35% del monto resultante de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al cierre del año anterior. 

Este incremento en el tope de donaciones privadas no rige para los afiliados, sino para los contribuyentes externos. La Cámara Nacional Electoral tendrá la responsabilidad de informar estos límites y publicar los datos en su sitio web oficial antes del inicio de cada campaña. 

Por otro lado, la normativa exige la bancarización total de los recursos. "Los fondos del partido político deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito a nombre del partido político", y estas cuentas deberán ser informadas tanto a la Dirección Nacional Electoral como al Juzgado Federal con competencia electoral. 

La reforma también plantea la eliminación de la obligatoriedad de los medios de comunicación audiovisual de ceder espacios gratuitos para publicidad electoral. En caso de aprobarse, las agrupaciones políticas perderían el acceso garantizado a las grillas de televisión y radio que rige durante los periodos de campaña. 

Otro pilar del proyecto es la Ficha Limpia, que busca inhabilitar candidaturas de personas con condenas por delitos de corrupción. El texto incluye restricciones para quienes hayan incurrido en cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. 

El alcance de estas inhabilitaciones excede las listas electorales y se extiende a cargos jerárquicos en el Poder Ejecutivo. El artículo 7 prohíbe la designación en funciones de Jefe de Gabinete, ministros, secretarios, directores de empresas estatales y personal diplomático para aquellos alcanzados por sentencias condenatorias en segunda instancia en los delitos mencionados. 

Por último, el proyecto a debatir incluye ajustes a la Ley de Boleta Única de Papel (BUP), con el objetivo de consolidar el nuevo instrumento de votación.