El reclamo por la aplicación "inmediata" de la Ley de Financiamiento educativo se retoma este martes con un paro universitario convocado por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Conadu Histórica, que se extenderá hasta el sábado 20.

La semana pasada se conoció la propuesta que el gobierno nacional les presentó a las autoridades universitarias y a las federaciones docentes y no docentes para "intentar cerrar el conflicto" en las universidades nacionales.

Sin embargo, el acta firmada del oficialismo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras federaciones del sector fue rechazada debido a que establece un aumento del 21,3% en junio y del 3% en septiembre, además de partidas presupuestarias adicionales y fondos para los hospitales universitarios.

Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, explicó que "se impuso el rechazo" al acuerdo pactado entre los rectores y la gestión del presidente Javier Milei, "avalado por el resto de las federaciones docentes y no docentes", debido a que generó "un repudio entre las y los trabajadores".

"Esto se expresó también en el surgimiento de coordinaciones de miles de autoconvocados contra el pacto. Lo que pedimos es que se cumpla la ley, que establece un aumento por encima del 50% para nuestros salarios. Este acuerdo, tejido a espaldas de las y los trabajadores, intenta cerrar el conflicto universitario atentando contra nuestros bolsillos y contra las becas de los estudiantes", explicó.

La semana pasada se realizaron acciones de protesta en las principales ciudades universitarias, organizadas por sectores autoconvocados que volvieron a reunirse este fin de semana para coordinar el rechazo a la firma y la exigencia del cumplimiento de la ley. Asimismo, los sindicatos evaluarán cómo continuar el plan de lucha tras esta semana de paro que comenzará el martes.

En lo salarial, la paritaria rubricada por representantes gremiales incluye un aumento del 21,33% en junio, otro 3% en octubre y la promesa de paritarias en septiembre. En bruto, desde junio la dedicación exclusiva pasa a un millón y medio de pesos; la semi, 750.000 pesos; la dedicación simple 375.000 pesos.

Además, los rectores acordaron una suba del 50% en las becas estudiantiles y un 20% en gastos de funcionamiento. Y una partida de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios.

El aumento alcanzado es cerca de la mitad del que establece la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena tener en cuenta la inflación acumulada desde que asumió Milei. Se calcula que para empatar con diciembre de 2023, el incremento debería rondar el 53%.

En todo este tiempo, y hasta este acuerdo, el gobierno se negó sistemáticamente a abrir paritarias.