En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, las autoridades académicas y las organizaciones gremiales emitieron una declaración conjunta dirigida al Gobierno de Javier Milei, en la que se exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento para las facultades públicas.

El documento, titulado "Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia", cuenta con el respaldo de las principales federaciones docentes del país, incluyendo CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA. 

Las organizaciones denuncian que el desfinanciamiento actual responde a una decisión concreta del Gobierno de no aplicar la Ley N° 27.795, sancionada por el Congreso. 

Según el escrito difundido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, las transferencias estatales sufrieron una caída real del 45,6% en el periodo comprendido entre 2023 y 2026.

Un indicador alarmante del deterioro es el poder adquisitivo de los fondos para gastos de funcionamiento. El documento detalla que, bajo la gestión actual, estas partidas nunca superaron el 64% del valor registrado en enero de 2023. 

De acuerdo con las estimaciones de las entidades firmantes, el Gobierno nacional omitió transferencias equivalentes a casi nueve meses de funcionamiento. 

En el plano laboral, se denunció una brecha importante entre la inflación y los incrementos salariales del sector. Mientras que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 alcanzó el 293,30%, los salarios universitarios aumentaron un 147,30%. Esto representa una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%, cifra que las autoridades equiparan a la pérdida de casi 11 salarios completos en dicho lapso. 

La declaración advierte que los sueldos del sistema universitario se encuentran en su punto más bajo de los últimos años. El texto sostiene que: "Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios". 

Esta erosión salarial derivó en la renuncia de profesionales con alta formación y la reducción de las especializaciones académicas. 

Los gremios enfatizaron la imposibilidad de muchos trabajadores de cubrir sus necesidades básicas con los ingresos actuales: "Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas". 

El impacto de la crisis también alcanza a las políticas de bienestar estudiantil. El documento señala que las Becas Progresar se mantienen congeladas frente al avance inflacionario, perdiendo su efectividad como apoyo económico. 

Asimismo, se menciona la incertidumbre que rodea a las Becas Estratégicas Manuel Belgrano y la suspensión de las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC). 

En tanto, la comunidad universitaria planteó que la discrecionalidad del Ejecutivo sobre las normas afecta el orden republicano. Al respecto, el escrito afirma: "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho". 

La defensa del modelo universitario argentino fue un eje central del pronunciamiento. Los firmantes definieron a la universidad como un instrumento fundamental para la movilidad social ascendente y la igualdad de oportunidades. "La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar", afirma el documento. 

El documento también subraya el rol social de la institución: "La universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es la conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo". 

Por último, las autoridades y sindicatos realizaron un pedido a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. "No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño", concluyó el documento.