Se trata del ex oficial Cristian Omar Scilingo, quien fue apresado por personal de la División Homicidios de la policía bonaerense cuando caminaba por una calle de esa localidad del partido de Presidente Perón, durante un procedimiento solicitado por el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera.

Scilingo tenía pedido de captura desde agosto último, tras ser acusado de ser parte de la banda que extorsionaba a puesteros que funcionaban en la vía pública a metros del acceso al complejo “Urkupiña” de la feria de La Salada, ubicada en Lomas de Zamora.

En junio pasado, el fiscal Scalera ordenó la realización de una serie de procedimientos como parte de una investigación por asociación ilícita que terminó con la detención del empresario Jorge Castillo, apodado “El Rey de la Salada”, quien era el administrador del complejo Punta Mogote, uno de los tres que componen la feria de La Salada.

Luego, en agosto se llevó a cabo lo que se denominó el “Operativo Salada 2”, que terminó con la detención de Antequera, al que llamaron “El otro Rey de la Salada”, administrador de Urkupiña”.

Durante los procedimientos en los que fue detenido Enrique Antequera, también fueron apresados Roberto Ríos y Edwin Saravia Rodríguez, identificados como “socios comerciales” del primero y de quienes se sospecha “tenían una dedicación política en la zona de Lomas de Zamora”.

Durante esa serie de operativos, también se capturó en la localidad de Caseros a Diego Barreda, un ex oficial subinspector de la Policía bonaerense que fue detenido por encubrimiento en el marco de la causa que siguió al atentado a la mutual judía Amia en 1994.

También apresaron en el partido de Berazategui a Nélson Dávalos, efectivo retirado de la Policía Federal (PFA), y a tres barrabravas del club Boca Juniors en la localidad de Villa Centenario, llamados Ruperto ToroBarraza, Santiago Vélez Robles y Marcelo Aravena, todos integrantes de la facción conocida como “La Doce”.

Según los investigadores, los detenidos forman parte de una asociación ilícita que exigía dinero a los puesteros que se apostaban en las calles aledañas al complejo Urkupiña para dejarlos trabajar y brindarles una supuesta seguridad.

Si bien oficialmente dentro del complejo funcionan 2.000 puestos, se cree que en los alrededores del lugar están instalados unos 15.000, cuyos inquilinos debían pagarle a Antequera un canon por “seguridad y limpieza”.