La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo este martes por unanimidad la validez constitucional de la Ley de Glaciares que, para consumo humano, protección del medio ambiente y contra cambios climáticos, fija límites a determinadas actividades en zonas cercanas a esas masas de hielo.

La decisión fue tomada ante la "acción declarativa" de inconstitucionalidad de la ley 26.639 promovida por las empresas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, que contó con el apoyo de las autoridades de la provincia de San Juan. 

La ley de Glaciares fijó presupuestos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".

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Las empresas mineras habían cuestionado el trámite parlamentario que permitió la sanción de la ley con el argumento de que la cámara de Senadores que actuó como revisora del proyecto aprobado en Diputados introdujo modificaciones en la norma.

Y plantearon la afectación a los derechos de propiedad sobre sus concesiones adquiridas bajo las normas del Código de Minería y a trabajar y ejercer toda industria lícita (artículos 17 y 14 de la Constitución Nacional, respectivamente).

"La protección de los glaciares en un Estado federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses", sostuvo la Corte en su fallo.

Aunque votaron con distintos fundamentos, todos los jueces de la máxima instancia judicial coincidieron en remarcar la validez de la ley, basados en el artículo 41 de la Constitución Nacional que menciona el derecho a un "ambiente sano".

Para el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz y la vicepresidenta Elena Higthon de Nolasco, las mineras no probaron que la vigencia de la ley de glaciares genere una situación de incertidumbre (el objeto de una "acción declarativa") que afecte al ejercicio de sus derechos.

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Los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en voto conjunto, afirmaron que cuando existen derechos de incidencia colectiva como en el caso el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua, se debe evaluar de manera sistémica la protección de los eco-sistemas y la biodiversidad. 

"Resulta claro -agregaron- que las actoras no tienen agravio cuando ellas mismas afirman que sus explotaciones en curso no están alcanzadas por las prohibiciones que cuestionan", ni se demostró que se afecten sus intereses de modo directo como para justificar su planteo ante la Corte.

Desde Greenpeace Argentina, piden que el próximo paso sea cerrar Veladero (Twitter). 

Destacaron que al aprobar la ley, el Congreso Nacional conectó los efectos de ciertos procesos extractivos -más específicamente, la posible incidencia de la minería a gran escala en ciertas regiones del país- con la preservación y conservación de los glaciares como "reservas estratégicas" proveedoras de agua para el planeta".

El voto conjunto calificó como "conjetural" que en un futuro inventario se incluyan zonas protegidas que podrían perjudicar a las mineras.

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También consideraron dentro de lo hipotético el argumento de las autoridades locales de que la aplicación de la Ley de Glaciares genera un "clima de inversiones adverso" e implica "la pérdida de recursos y trabajo para las economías regionales".

La provincia de San Juan, por su parte, cuestionó a la ley porque menoscaba sus atribuciones para regular, complementar y desarrollar la materia ambiental en relación a su propia jurisdicción, recursos y territorio.

En la Argentina hay casi 17.000 glaciares que ocupan 41 veces la superficie de la Ciudad

En nuestro país existen 16.986 glaciares en la Cordillera de los Andes y en las Islas del Atlántico Sur que ocupan una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados, un tamaño equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires, según el primer inventario de esas masas de hielo elaborado el año pasado por el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).

Según el informe, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo, 16.078 sobre la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur. Si bien fue confeccionado tras la realización de un relevamiento presentado en 2018, las cifras "siguen vigentes" y que se encuentran trabajando "en una nueva presentación, la cual se publicará dentro de cinco años, aproximadamente".

"El inventario es un hito de nuestra gestión, se termina con un pasivo en la política ambiental", aseguró en su momento el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman (Gentileza: sergiobergman.com). 

El inventario se presentó luego de que en 2017 el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación en la causa por los derrames de metales pesados en la mina Veladero de Barrick Gold en 2015 debido a las "omisiones" en la aplicación de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010 y que establecía la contabilización de estas masas de hielo.

La causa se inició por violación a la ley de Residuos Peligrosos y en un fallo considerado histórico por las organizaciones ambientalistas, Casanello apuntó contra los ex funcionarios Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, y el ex titular del IANIGLA, Ricardo Villalba, porque establecieron un criterio restrictivo en la aplicación de la ley que hizo imposible que fueran inventariados y, por ende, protegidos.

En 2017,  Casanello procesó a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación por los derrames de metales pesados en la mina Veladero de Barrick Gold (Gentileza: Greenpeace.org). 

En los fundamentos, sostuvo que "se verificaron claras omisiones por parte de los funcionarios públicos imputados: no relevaron ni inventariaron con la amplitud y urgencia requerida por la ley". 

"En definitiva, no cumplieron con el mandato legal de conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial", aseguró el juez en su fallo de noviembre de 2017.

Las organizaciones ambientalistas criticaron que el Ianigla había inventariado glaciares de más de una hectárea, cuando en la ley no se especifica la superficie, por lo que dejó afuera el ambiente periglaciar de la mina Veladero.

Fuente: Télam

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