La oposición le reclama al Gobierno desde año 2017 la ley de Emergencia Alimentaria en todo el país, que consiste en partidas presupuestales extraordinarias destinadas a la asistencia alimentaria y nutricional y garantizar el abastecimiento y acceso a la compra de alimentos básicos por parte de todas las provincias a lo largo y ancho de la Argentina.

La organizaciones sociales y este miércoles la CGT le pidieron a Mauricio Macri que la declare en virtud del crecimiento de la pobreza y la superpoblación que hay, tanto de padres como de nenes, en los comedores comunitarios.

La última ve. que se aplicó en nuestro territorio fue con la crisis de 2001 y duró hasta el 31 de diciembre de 2002.

La ley tiene como finalidad garantizar la alimentación de la población considerada más vulnerables, que incluye a los nenes y nenas menor de 16 años.

Gracias a esto, se distribuirán 10 mil millones de pesos para fortalizar la asistencia a merenderos y comedores comunitarios.

A pesar de la crisis económica y social, Cambiemos no tienen en mente aprobarla, ya que considera que varios de los alcances de la misma están contemplados en la Ley de Emergencia Social que el Congreso aprobó en diciembre de 2016.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años. Otro número alarmante del informe es que el 14,5% de los chicos pasó hambre el último año.

Por otro lado el Centro de Economía Política (CEPA) asegura que el Gobierno devaluó cualquier tipo de política a menores por los diferentes recortes y la provisión de vacunas. 

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