La junta militar de Myanmar ejecutó a cuatro personas, entre ellas un antiguo diputado del partido de la ex dirigente Aung San Suu Kyi y un conocido activista prodemocracia, en la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas.

Los cuatro fueron ejecutados por encabezar "actos de terror brutales e inhumanos", indicó el diario estatal Global New Light of Myanmar, que dijo que las ejecuciones se llevaron a cabo "bajo el procedimiento de la prisión", sin detallar cuándo ni cómo murieron.

Después de tomar el poder el año pasado, la junta militar condenó a muerte a decenas de opositores para reprimir la disidencia.

Uno de los ejecutados, Phyo Zeya Thaw, de 41 años, fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, había sido detenido en noviembre y condenado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo.

La junta lo acusó de haber orquestado varios ataques contra el régimen, entre ellos uno contra un tren en el que cinco policías fueron asesinados en agosto pasado en Rangún.

El activista por la democracia Kyaw Min Yu, conocido como "Jimmy", de 53 años, había recibido la misma sentencia del tribunal militar. Los otros dos ejecutados habían sido sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.

Repudio mundial por la pena de muerte en Myanmar

La última ejecución capital en Myanmar se había llevado a cabo en 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio pasado, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado. 

Estas cuatro ejecuciones despertaron la condena internacional, mientras que el partido LND dijo estar "devastado" por lo ocurrido.

"Además de las innumerables atrocidades contra el pueblo birmano, la junta militar ha cometido descaradamente otro crimen ultrajante (...) haciendo caso omiso de las exigencias de la comunidad internacional y de quienes reclaman justicia", escribió en un comunicado la Liga Nacional para la Democracia.

Estados Unidos condenó la ejecución de cuatro personas "por ejercer sus libertades fundamentales", Francia se sumó a la condena y recordó su oposición "en cualquier lugar y circunstancias" a la pena de muerte, mientras que Japón denunció que "estas acciones llevan a un conflicto más duro".

Human Rights Watch calificó las ejecuciones como "un acto de absoluta crueldad"; y la directora para Asia de la ONG, Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional "mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes".

"Estos actos perversos deben marcar un punto de inflexión para la comunidad internacional. El statu quo de la inacción internacional debe rechazarse con firmeza", reaccionó Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Myanmar, en Twitter.


Después de que el mes pasado anunciara las ejecuciones, el gobierno militar ya había recibido duras críticas por la decisión.

El secretario general de la ONU, António Guterres, la tachó de una "flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas".

Golpe de Estado en Myanmar


En mayo, un tribunal de la Junta condenó a la derrocada líder civil Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por corrupción, en medio de numerosas acusaciones en su contra.

La premio Nobel de la Paz, de 77 años, que permanece con prisión domiciliaria en la casa de su familia en Rangún, ya fue condenada a seis años de prisión por incitación contra los militares, violar las reglas anticovid y una ley de telecomunicaciones.

El golpe de Estado que la derrocó el 1 de febrero de 2021 generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron con la fuerza pública.

Desde el golpe, más de 2.000 personas murieron y más de 15.000 fueron detenidas en la represión contra los disidentes, según un grupo local de monitoreo.

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