A poco más de un mes del asesinato de Lucio Dupuy, de 5 años, en Santa Rosa, la Justicia de La Pampa avanza hacia el esclarecimiento de un interrogante que podría marcar un antes y un después en la causa que tiene como detenidas a la mamá del chico, Magdalena Espósito Valenti (24), y la pareja de ella, Abigail Páez (27).

El juez de Control durante la feria, Néstor Daniel Ralli, hizo lugar a un pedido del abogado querellante, José Mario Aguerrido, para que la pareja sea sometida a nuevos peritajes psicológicos y psiquiátricos, lo que determinará si existían antecedentes de violencia familiar. La fecha para esa diligencia, ordenó el magistrado, será el 4 de febrero de 2022.

En una resolución de dos hojas, el juez aceptó todos los puntos de la ampliación de las pericias, las cuales abarcan el análisis de la historia personal de cada una de Espósito Valenti y Páez; si expresan rechazo a la maternidad, si perciben la violencia como modo de vinculación y la relación de cada una de ellas con la figura masculina.

Además, los peritos analizarán qué significaba Lucio en sus vidas, cómo era la rutina de los tres, qué les molestaba o enojaba del comportamiento del niño, las características del vínculo entre ellas como pareja y con el nene, detalló el magistrado.

Estos estudios estarán a cargo de cuatro peritos oficiales, los médicos psiquiatras Martín Telleriarte y Camilo Muñoz, y las licenciadas en psicología Laura Cabot y Virginia Carretero, según estableció el fallo del juez. Estos profesionales se trasladarán al Complejo Penitenciario 1 de San Luis, donde están detenidas las dos imputadas.

El crimen de Lucio

El nene de cinco años fue asesinado a golpes el último 26 de noviembre. Con el avance de la investigación determinaron que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo iniciaron una pesquisa administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.