La presidenta del Observatorio de Víctimas del Delito de la Cámara de Diputados, Sandra Rossi, aseguró este viernes que ese organismo está "en alerta máxima" para exigir "la plena aplicación de la ley de Derechos y Garantías de las Víctimas" que establece que los magistrados deben notificar a las víctimas antes de que se designe la libertad de un acusado.

"Desde el Observatorio de Víctimas de Delito, estamos en alerta máxima para exigir la plena aplicación de la Ley 27372" aprobada en 2017, sostuvo Rossi. 

El Observatorio fue puesto en funciones el 1 de marzo último por el presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa, para garantizar el derecho de las víctimas.

 


Por ese motivo, explicó Rossi, se informará a "cada asociación, institución y letrado" del "derecho de las víctimas de ser notificados, como señalan los artículos 5 y 12 de la ley, antes que se disponga la libertad del preso".

A través de una resolución firmada por Massa esta semana, se establece que el Observatorio "podrá articular los mecanismos inteligentes y virtuales para la recepción de solicitudes de monitoreo de causas y las individuales donde se denuncie libertades irregulares".

El Observatorio pedirá en base a estas solicitudes información para "conocer la cantidad de libertades, morigeraciones o beneficios en relación a las prisiones preventivas o condenas ya dictadas y fundadas en la emergencia sanitaria", agregó Rossi y precisó que también "se dispuso la conformación de un cuerpo de abogados y especialistas para asistir al cumplimiento de las tareas encomendadas y efectuar las presentaciones, denuncias o juicios políticos si correspondiera".

 

 

 


Fuentes parlamentarias afirmaron que el organismo iniciará a partir del lunes el proceso de jury de enjuiciamiento de al menos tres magistrados que otorgaron prisión domiciliaria a acusados de delitos graves en los últimos días, en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Ante el avance de la pandemia de Covid-19 en el país, y las medidas de aislamiento social dispuestas para mitigar la propagación del virus, en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abogados defensores de personas privadas de su libertad elevaron a la Justicia pedidos de prisión domiciliaria.

 

 

 


Ante estos pedidos, la Cámara Federal de Casación fijó posición y recomendó que se analicen los casos de presos que integran la población de riesgo de contagio, es decir mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades preexistentes, que estuvieran vinculadas a delitos leves.

Desde que fue decretado el aislamiento, menos del uno por ciento de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires fue beneficiada con la prisión domiciliaria, ya que 439 presos obtuvieron un fallo judicial favorable para continuar cumpliendo las penas en sus casas.

Además, otros 320 presos que están detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal también recibieron el mismo beneficio y egresaron de los penales con prisión domiciliaria.

 

 

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