La operatoria de la aplicación Peak Capital Team en Casilda, provincia de Santa Fe, acusada de montar un esquema de Ponzi, se ve cada vez más comprometida. En las últimas horas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó a Yamil Iván Santis, representante de la firma en esa localidad, y secuestró dispositivos electrónicos. Otro de los casos de Crónica Policiales más impactantes de la jornada.

Cabe destacar que el allanamiento tuvo lugar en una vivienda de barrio Alberdi donde vive Santis, la cara visible de la captación de inversores en un esquema piramidal que amenaza con estallar, tal y como ocurrió en la localidad bonaerense de San Pedro.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que hay dos presentaciones legales en torno de la operatoria de Peak Team Capital. Una corresponde al concejal casildense Mauricio Maroevich. La otra es del ex intendente y actual funcionario del Ejecutivo local Mauricio Plancich, en calidad de abogado particular.

Vale aclarar, sin embargo, que aún no se registraron denuncias de particulares ante la Fiscalía.

La olla se destapó cuando el concejal de Casilda, Mauricio Maroevich, denunció que en la localidad santafesina detectaron una nueva estafa piramidal. En sus palabras, al menos 900 vecinos del lugar invirtieron bajo la promesa de recibir altas sumas.

Se trataría de otro esquema Ponzi, utilizando sus básicas propuestas de inversiones bajas con falsas promesas de ganancias excesivamente elevadas. La misma se llevaba cabo a través de una APK (“Android Application Package”) que opera a través del nombre Peak Capital.

 Una estafa piramidal mantiene preocupados a los ciudadanos de Casilda, Santa Fe. 

En su denuncia, el responsable de la localidad advirtió que se enteraron del funcionamiento de este lugar hace aproximadamente 25 días, cuando les llamó la atención un grupo de personas que ofrecían invertir garantizando “altísimos retornos”. En detalle, los mismos aseguraban un monto aproximado del 5% de ganancias semanal en dólares.

Así, el edil realizó la presentación judicial ante la Fiscalía Regional, explicitando que la APK no está reconocida por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ante esto, se le hizo el pedio a la Justicia para que investigue.

“Nos pusimos a trabajar en el tema y nos encontramos que había reuniones en distintos lugares de la ciudad. Tenían un grupo de WhatsApp con alrededor de 900 personas”, afirmó.  Además, Maroevich detalló que en la agrupación “también se ofrecía un sistema de referido donde se incorporaba a alguien más y entregaban algún tipo de bonos para seguir invirtiendo. Todo esto nos hizo dudar de que fuera realmente un sistema legal”.

Sobre el funcionamiento efectivo de las inversiones, el concejal explicó que quienes habían invertido recibían “a través del grupo de WhatsApp recibían un mensaje, una alerta de inversión. Tenían una ventana de siete minutos de tiempo donde tendrían que invertir en una criptomoneda y recibirían altos retornos”, especificó.