La Justicia de Córdoba resolvió el miércoles pasado, de manera unánime, la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes fueron hallados responsables de mal desempeño y negligencia grave en la investigación del asesinato de Nora Dalmasso. Su hijo, Facundo Macarrón celebró el fallo.

La resolución del jury, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi, determinó la separación inmediata de sus cargos y la inhabilitación absoluta para ejercer funciones en el Poder Judicial provincial. El tribunal consideró probadas las fallas en la instrucción de la causa, que se extendió por casi dos décadas sin alcanzar una condena para el autor material. 

Macarrón, manifestó su alivio tras conocerse el veredicto. "Es una gran reivindicación para nosotros como familia. Estos fiscales, que seguían en funciones, tuvieron acceso a la prueba y en lugar de trabajarla prefirieron manejarse en base a prejuicios", declaró. 

El proceso judicial contra los fiscales comenzó el 21 de abril y contó con el testimonio de 40 personas. Durante los alegatos, la fiscal general adjunta, Betina Croppi, sostuvo que los acusados revictimizaron a Dalmasso y actuaron sin perspectiva de género. Según la fiscalía, se vulneró el derecho a la intimidad de la víctima mediante la difusión de rumores originados en la propia instrucción. 

Un punto central de la acusación fue el desvío de la investigación hacia el entorno familiar, ignorando evidencias directas. El principal sospechoso actual es Roberto Barzola, un operario de parquet a quien las pericias genéticas de 2025 vincularon con la escena del crimen. 

El ADN de Barzola fue hallado en diez sectores de la bata utilizada para el femicidio y en muestras biológicas de la víctima. Pese a la contundencia de las pruebas genéticas, la causa contra el hombre enfrenta un obstáculo: la prescripción. Debido al tiempo transcurrido bajo la gestión de los fiscales hoy destituidos, la defensa del sospechoso logró fallos favorables en instancias inferiores. 

La familia Macarrón aguarda ahora una resolución del Tribunal Superior de Justicia para evitar el cierre definitivo del caso. Facundo expresó su preocupación: "Yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que en cualquier momento puedo cruzarme con el hombre que violó y mató a mi mamá", señaló. 

La familia sostiene que la inacción de Di Santo, Miralles y Pizarro permitió que el autor material permaneciera fuera del radar judicial durante 18 años. 

En su defensa, los tres fiscales solicitaron la absolución y negaron las irregularidades. Sin embargo, el jurado -integrado por legisladores oficialistas, opositores y un miembro del Tribunal Superior- desestimó sus argumentos. Se les criticó especialmente el haber centrado la causa en hipótesis que incluían al propio Facundo, al viudo Marcelo Macarrón y a un trabajador de la construcción, Gastón Zárate. 

Si bien el fallo del Jurado de Enjuiciamiento es inapelable según la normativa vigente, las defensas podrían intentar recursos extraordinarios ante la Corte provincial. Por el momento, la medida ratifica el quiebre institucional en una de las causas más emblemáticas de la justicia cordobesa, marcada por teorías que el tribunal calificó como carentes de sustento fáctico.